Pocas horas antes de la sesión en el Senado para tratar el proyecto del presupuesto 2019, la Cámara de Diputados fue escenario de la veloz llegada de un proyecto de ley para liberar el precio de venta del papel de diario, fabricado en la Argentina por Papel Prensa S.A., propiedad del Grupo Clarín, el diario La Nación y el Estado Nacional. El texto tuvo este miércoles un dictamen favorable de la Comisión de Comercio, presidida por el mendocino Pedro Miranda, pero fue presentado este viernes con la firma de doce diputados de Cambiemos y del PJ, entre ellos los peronistas Diego Bossio y Pablo Kosiner, el macrista Nicolás Massot y el radical Mario Negri, dos de las principales autoridades del interbloque de Cambiemos.
El escueto borrador solamente está dedicado a derogar ocho artículos de la Ley N° 26.736, que declaró en diciembre de 2011 de “interés público" a la pasta celulosa para diario y estableció un marco regulatorio de sus precios y control parlamentario. Entre sus fundamentos, el texto explica que “los artículos 21, 24, 25, 26, 27 40 y 41 tratan sobre la ampliación de la capacidad de producción de papel para diario en el país para satisfacer la totalidad de la demanda interna por parte de una determinada empresa obligando a efectuar inversiones no siempre necesarias en términos de demanda del mercado”.
Este miércoles el texto sólo fue cuestionado en la Comisión de Comercio por los diputados del bloque del Frente para la Victoria y contó con el apoyo de los bloques Justicialista PRO, UCR, FUNA, Córdoba Federal y Frente de la Concordia Misionero.
El diputado Axel Kicillof (FPV-PJ) hizo hicapié en la “urgencia” para obtener el dictamen de un proyecto que ingresó hace cinco días y criticó que sólo hubiera sido girado a la Comisión de Comercio, cuando la norma fue originalmente tratada en esa comisión, y en las de Libertad de Expresión y Asuntos Constitucionales.
Por esa razón, señaló Kicillof el proyecto “carece de legitimidad” por “no haber podido escuchar a los diferentes sectores involucrados”. “Todos los argumentos que figuran en los fundamentos son falsos”, acusó el ex ministro de Economía de CFK y acusó a sus autores de “privilegiar a sectores económicos poderosos, todo lo contrario a lo que pregona el proyecto original”.
En el mismo tono, el santafesino Marcos Cleri, del mismo bloque, dijo que el oficialismo y un sector del PJ quieren sancionarlo “sin siquiera conocer el estado actual de la empresa, ni escuchar las opiniones de sus trabajadores”, dijo en referencia a la carta que le envió a la Cámara de Diputados el secretario general del Sindicato de la Industria del Papel de San Pedro, donde esta la planta de producción de Papel Prensa S.A.
En sus fundamentos, el proyecto cita la carta enviada por Gerardo Rubén Gelabert, donde “solicita la derogación de la Ley N° 26.736 a raíz de que entiende que dicha acción es una condición necesaria para que la Empresa pueda encarar una reconversión industrial que permita asegurar la sustentabilidad de la unidad productiva y sus puestos de trabajo”. También “manifiesta que de lo contrario se verían seriamente afectados las fuentes laborales de 475 trabajadores directos, sumadas a los trabajos indirectos, le economía forestal del Delta y la población de San Pedro”.
Al respecto Cleri acusó que los autores del proyecto “se están llevando puestos la credibilidad del Congreso”, mientras que su compañero de bancada, el bonaerense Adrián Grana dijo que “los está apurando Héctor Magnetto y la familia Mitre, y eso no tiene nada que ver con la defensa del trabajo”.
Uno de los firmantes que habló en la comisión fue el macrista Luciano Laspina (PRO). Dijo que la norma original de 2011 “perjudicó a Papel Prensa” y “puso en riesgo las fuentes de trabajo”. Para el diputado santafesino por el PRO el debate se trata de "un problema político entre el gobierno anterior y un grupo de medios".
“Hay que poner a los trabajadores por encima de la política. No podemos impedir que una empresa nacional compita libremente y pueda exportar al mundo”, insistió Laspina y se defendió de las acusaciones del bloque del FPV. Para él “no está en juego la libertad de expresión por la gran cantidad de información que existe, gracias a la abundancia de diarios online, como así también a la utilización de las redes sociales”. Casi en la misma línea, el diputado Marco Lavagna (Frente Renovador) reclamó “correr el eje de la discusión política” y contó que ya había recibido “a trabajadores de Papel Prensa y a medios de comunicación pequeños del interior del país”.
El proyecto que ingresó este viernes, tiene también las rúbricas del massistas Alejandro Grandinetti. Lo acompañaron los cordobeses Martín Llaryora y Juan Brügge (Córdoba Federal), el misionero Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero), el mendocino Luis Borsani (UCR), el bonaerense Miguel Bazze (UCR) y Laspina (PRO).
