El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, recibió este miércoles a un nutrido grupo de intendentes de la Unión Cívica Radical para evaluar el presupuesto bonaerense que la Legislatura ya empezó a discutir y se llevó más críticas y preocupaciones de las que esperaba. Los intendentes mostraron un duro perfil crítico en relación a la ley de leyes que pretende aprobar María Eugenia Vidal y que establece una fuerte transferencia de gastos que deberán asumir, como, por ejemplo, los subsidios a la tarifa social de la luz y al transporte en los municipios que cuentan con este servicio público y que hasta el momento eran cubiertos por la Nación y por la Provincia. Por eso, pidieron cambios al texto de la iniciativa.
“Tenemos algunas dudas”, dijo al salir del almuerzo que mantuvieron en la residencia de la vicegobernación, en La Plata, el intendente de Tandil, Miguel Lunghi. El jefe comunal detalló su situación particular. “Que no nos den subsidio al transporte nos pone en una situación muy difícil y con la tarifa social eléctrica también se nos complica”. En su municipio, 10 mil personas son beneficiarias del descuento en el servicio de energía. Implica, según el intendente, 110 millones de pesos que deberán salir de las arcas municipales.
“Yo tengo mucho gasto. Pagamos todo el combustible de la policía. Son unos cuantos millones anuales. También, la reparación de los automóviles y camionetas. No sé qué vamos hacer. Lo del transporte es muy difícil. Yo tengo cinco líneas de colectivos y Tandil tiene 140 mil habitantes”, detalló el tandilense.
Otro punto que complejiza el escenario para los intendentes es el tope que Vidal intenta imponerle al aumento de tasas, no podrá superar el 38%.
Letra P había dado cuenta de la intención de los jefes comunales peronistas de
eliminar el artículo 141 de la ley impositiva, que establece ese techo, un tope que está en sintonía con el incremento proyectado por el Ejecutivo provincial para el Impuesto Inmobiliario y que afecta a las principales fuentes de recursos propios de las comunas, es decir, los tributos por Seguridad e Higiene; Alumbrado, Barrido y Limpieza y Red Vial. Este punto es una medida transitoria prevista para 2019 y debería ser cumplida por los distritos que adhirieron a la ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 2017. Los intendentes radicales también cuestionaron esta medida.
El intendente de Chacabuco, Víctor Aíola, fue muy duro. Directamente dijo que el tope al aumento de tasas es “una intromisión a la autonomía municipal” y que es “anticonstitucional plantear eso”, porque “cada municipio tiene derecho de aumentar las tarifas el cinco, el diez o el cien por ciento, lo que le parezca”.
El cumplimiento del Pacto Fiscal también se dificulta con el nuevo esquema de absorción de responsabilidades por parte de los municipios. Ante esta situación, Aiola expresó: “Teníamos una regla de juego de tratar de hacer nuestros municipios mucho más eficientes y previsibles, pero la zanahoria se va corriendo. Cuando estamos cerca de hacer el municipio independiente desde el punto de vista económico, se corre el objetivo a alcanzar”.
El presidente del foro de intendentes radicales, Miguel Gargaglione junto a su par de Trenque Lauquen, Miguel Fernández (Foto: AG La Plata)
“Se hace complejo y difícil. Vemos que la mochila se nos hace más pesada a los intendentes, que somos los que damos la batalla en el territorio en el día a día. Sumado a eso, a todos los organismos provinciales asentadas en nuestros territorios nosotros les pagamos el alquiler, les ponemos empleados... un montón de cosas”, agregó el intendente radical del distrito de la Cuarta sección electoral.
Pese a las preocupaciones y críticas de los intendentes, el vicegobernador fue optimista y en línea con los ministros de Vidal. Dijo: “Todos formamos parte de un gobierno, más allá de la cuestión partidaria” y que los intendentes “son conscientes de que ésta es una realidad compartida y que cada uno debe hacer un esfuerzo en las comunas, en las provincias y en la Nación”.
