La especulación en torno al decreto por el bono a privados que firmó el presidente Mauricio Macri llegó a su fin ni bien trascendieron los primeros artículos del documento que se publicará en las próximas horas. Cuando en el sector empresario vieron el borrador la mitad respiró y la otra siguió en queja: no hay obligatoriedad del pago de los 5.000 pesos en dos veces y, además, otorga la posibilidad de que esa suma se tome a favor de las compañías que ya pagaron algún plus o bien renegociaron paritarias.
Esto, para las grandes compañías, es casi un beneficio directo porque ya hubo compensaciones superiores. Pero para las pequeñas y medianas empresas sigue siendo el mismo problema, justo cuando la mayoría tiene problemas de flujo de caja y caída en las ventas.
“Yo no lo voy a pagar”, confió a Letra P un industrial que maneja plantas en todo el país en uno de los sectores más críticos de la economía. Para el sector fabril, heterogéneo en rendimiento, la tarea de cumplir con el plus será compleja. Destacan desde la Unión Industrial Argentina (UIA) que servicios e industria serán los más exigidos.
En paralelo, los CEOs esperaban que no avanzara el punto del preaviso de los despidos, que finalmente se incluyó en el decreto que se publicaría este martes. Este sistema de burocratización para obstaculizar achiques de planta regirá hasta el 31 de marzo del 2019. “Pensamos que podemos encontrar un vericueto legal”, se vanaglorian los abogados que se ocupan del tema entre las empresas.
La reunión de Sica y Triaca con empresarios y CGT. De allí salió el compromiso de pagar un plus.
El bono de fin de año había puesto en guardia hasta a los grandes supermercadistas. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) realizó consultas en su entidad madre, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), para saber cómo los impactaría, siendo los mayores empresarios del país a nivel volumen de trabajadores. “Querían frenar un paro nacional con la guita nuestra, esto es inédito”, se quejó un hombre de los laboratorios, uno de los rubros que está en pie de guerra con el Ejecutivo Nacional.
En las filas de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y las entidades pymes confiaron a Letra P que “nuestra situación es muy difícil y no nos queda claro cómo se procederá en este sentido”.
En esta línea, el decreto menciona que “las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, representantes de los trabajadores y empleadores, en ejercicio de su autonomía colectiva, podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”. La afirmación es vaga pero se espera que en las próximas horas el Ministerio de la Producción, como órgano de aplicación, aclare algunos puntos del texto.
