El gobierno de Mauricio Macri no dará el brazo a torcer en su riña con la familia Moyano, a la que acusa de “apriete”. A la espera del regreso de Pablo Moyano desde Singapur, el oficialismo aguarda expectante la decisión del juez Luis Carzoglio, quien debe definir si acepta el pedido del fiscal Sebastián Scalera de detenerlo por presunta asociación ilícita, y arremete con medidas de gestión para disminuir la influencia del clan.
La Casa Rosada realiza un viraje en la estrategia con respecto a causas judiciales que enfrentan rivales políticos directos de la coalición Cambiemos. Horas después del último procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno en pleno mostró cautela y evitaba comentarios, aunque por lo bajo se oían voces de júbilo. En esta oportunidad, en cambio, el oficialismo vuelve a suscribir la idea de que se trata de un tema estrictamente judicial, pero las espadas políticas de Cambiemos decidieron tensar la cuerda con el líder camionero Hugo Moyano como nunca antes. “Vamos hasta el final”, advirtieron fuentes gubernamentales a Letra P. El Gobierno apunta a limar la influencia de los Moyano en el plano sindical y comercial por medio de medidas de gestión y rechaza una intromisión en la causa judicial, como denunció el camionero.
twitter_tweet
Por estas horas, el juez Carzoglio define si acepta el pedido del fiscal Scalera de detención de Pablo en la causa en la que también está imputado el ex titular de la CGT y se investiga una supuesta asociación ilícita junto al barrabrava Pablo “Bebote” Alvarez para defraudar al club Independiente con venta ilegal de entradas y socios truchos. Apenas conocida la medida judicial, Pablo Moyano cuestionó la decisión y apuntó al Gobierno. Poco después, su padre Hugo agregó: “Si atacan a mi familia yo los ataco a ellos”.
La única respuesta que dio el Gobierno partió de boca del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que el fin de semana sostuvo que “si la Justicia te llama, tenés que ir”.
La escalada de tensión entre los Moyano y Macri lleva varios meses, a pesar de un comienzo con buen diálogo. La familia Moyano advierte que el Gobierno la “persigue” por su resistencia a la reforma laboral y por cuestionar duramente la política económica de Cambiemos. En el oficialismo sostienen que “desde la gestión” decidieron “enfrentar una mafia”. “El costo argentino está ampliado por la logística”, disparan desde la Secretaría de Trabajo.
twitter_tweet
Al tiempo que califica como un “apriete” la acusación de que fue el propio presidente quien ordenó el arresto de Pablo, la Casa Rosada responderá con medidas de gestión. El Gobierno busca acotar el poder de Moyano en el área de transporte de mercancías para “abaratar costos”. Insistirá, por ejemplo, con el desembarco de las unidades conocidas como bitrenes, una especie de mayor porte y carga que sería una amenaza directa al sindicalismo camionero. Este sistema implica, según denuncian los gremios, menos puestos de trabajo.
En paralelo a esta disputa, este martes por la tarde Camioneros marcha hacia las oficinas del secretario de Trabajo, Jorge Triaca, en reclamo de la reapertura de paritarias. El gremio cerró al 25%, pero recuerda que la inflación superó el acuerdo firmado meses atrás. Para el Gobierno, es un capítulo más del “apriete” para frenar la detención de Pablo Moyano.
Moyano aterrizará en Ezeiza este jueves de regreso del Congreso Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte, en Singapur. Se esperaba una definición del juez Carzoglio para la tarde de este martes. El Gobierno se corre del panorama judicial y reconoce que su embestida contra la familia Moyano pasa por la gestión. Mientras tanto, Hugo adelantó que columnas de la CGT y la CTA marcharán hacia el aeropuerto de Ezeiza para esperar a su hijo.