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Promulgada la ley de reforma del régimen jubilatorio para los empleados del Banco Provincia y vencida la medida impuesta por el Ministerio de Trabajo, el sector una continuidad del plan de lucha.
Redacción 23/01/2018 15:19

Finalizada la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en el marco del conflicto por la modificación del régimen jubilatorio para trabajadores del Banco Provincia, el gremio que nuclea al sector ya analiza nuevas medidas de fuerza  para manifestar su rechazo a los cambios.

La semana pasada la gobernadora María Eugenia Vidal promulgó la ley de reforma del régimen jubilatorio para los empleados del Banco Provincia que, como aspecto central, sube la edad mínima jubilatoria de 57 a 65 años, algo que se dará de manera escalonada a lo largo de los próximos diez años.

A este avance se suma el fin de la conciliación obligatoria, medida dictada por el Ministerio de Trabajo cuando el sector suspendió actividades en las sucursales del Banco Provincia.

 

 

Ante estos hechos secretarios generales de las comisiones gremiales se reunieron con el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, para diagramar la estrategia a seguir y definieron dar “continuidad al plan de lucha y profundizarlo en las próximas semanas”, señala el comunicado extendido por las Comisiones Gremiales del Banco Provincia.

En ese sentido se previeron acciones tales como “intimación al presidente (de la entidad Juan) Curutchet, a los directores y al gerente general, bajo apercibimiento de inicio de acciones penales contra la utilización de utilidades líquidas del banco para fines previsionales, violatorio de la carta orgánica y de la constitución de la provincia”.

Además indicaron que presentarán un “recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la provincia, del perjudicial engendro que es la ley 15008, acompañándola con una masiva movilización de trabajadores activos y jubilados”.

También ratificaron que continuarán las “asambleas y acciones regionales”, así como los “paros programados”.  

La ley 15.008 había sido sancionada en diciembre de 2017 en la Legislatura bonaerense en el marco de un fuerte rechazo del gremio La Bancaria.