LA PELEA POR LOS FONDOS

Entre Ríos rechazó la demanda de Vidal por el fondo del conurbano

Tal como anticipó Letra P, la provincia se presentó ante la Corte y planteó la inconstitucionalidad de las asignaciones específicas de la ley de Impuesto a las Ganancias.

 

“La provincia de Entre Ríos acude a solicitar aquí como defensa (y en otros procesos lo hará como acción), la declaración de inconstitucionalidad de todas aquellas detracciones establecidas en violación a la ley 23.548 (de coparticipación federal) y a la Carta Magna”, dice el escrito que presentó ante la Corte el fiscal de Estado de esa provincia y a la vez vicepresidente del foro federal, Julio Rodríguez Signes.

 

En la contestación de la demanda, el gobierno de Gustavo Bordet explicó el perjuicio que significaría para las arcas provinciales que la demanda de Buenos Aires prospere. “Una simulación seria y basada en datos oficiales pondera los posibles escenarios del funcionamiento estatal ante una sentencia adversa. Así, la pretensión principal de la provincia de Buenos Aires conllevaría la pérdida de 3363 millones de pesos anuales (a valores de 2017), y de 4068 millones de pesos proyectados para 2018”, dice el texto presentado.

 

En ese contexto, Entre Ríos planteó que “no puede tolerarse que en las vísperas de la aprobación del presupuesto 2018, de la noche a la mañana le sean detraídas las millonarias sumas que implican el dictado de la medida cautelar” y dio un detalle de los fondos que actualmente recibe la provincia que gobierna Vidal.

 

En su demanda, Buenos Aires había planteado su derecho a percibir el 10 por ciento que establece el inciso b del artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias sin el tope del monto de 650 millones de pesos fijados por la norma, que constituyen hoy en día el llamado fondo del conurbano. El excedente de ese monto es hoy distribuido entre las provincias. Si la demanda de Buenos Aires prosperara, se generaría un agujero fiscal que la mayoría de las provincias no podría afrontar.

 

Además de ese 10 por ciento, la ley establece un reparto del 2 por ciento para Aportes del Tesoro Nacional, el 4 por ciento para Necesidades Básicas Insatisfechas, un 20 por ciento para la Anses y un 64 por ciento para las provincias.  

 

Como adelantó Letra P, Entre Ríos, en sintonía con otras provincias, planteó la inconstitucionalidad de esas asignaciones específicas. El planteo de inconstitucionalidad se basa en que, en consideración de las provincias, el artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias viola el artículo 75 inciso 3 de la Constitución Nacional que establece que es posible “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables” siempre que la nueva norma establezca un objeto específico, “por tiempo determinado” y haya sido aprobada “por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

 

Esos requisitos, considera la mayoría de las provincias, no fueron cumplidos al sancionarse las sucesivas leyes que modificaron la de Impuesto a las Ganancias y que rompieron, en la práctica, la rigidez que tiene la ley de coparticipación, que data de 1988. Esa norma, que establece la distribución federal de los recursos, solo puede ser aprobada por el Congreso Nacional con el acuerdo de todas las provincias con la Nación y debe ser ratificada por todas las Legislaturas provinciales. En la práctica eso requiere de un acuerdo político casi imposible de lograr. “Entonces terminaron modificando la ley de coparticipación con la de Impuesto a las Ganancias y eso es inconstitucional”, explicó Rodríguez Signes.

 

Según dijo el fiscal de Estado, las provincias plantean que el Impuesto a las Ganancias debería coparticiparse en un 100 por ciento, y no en un 64 como se hace actualmente. En esa línea, Entre Ríos planteó que debe darse “un debate serio, abierto y sensato sobre la percepción y distribución de recursos” de la Argentina, que debe darse en el marco del Congreso nacional y no en la Justicia.  

 

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