Tras haber desplazado a dos funcionarios vinculados al sindicalismo como reacción a la marcha de la CGT, el gobierno de Mauricio Macri, en su faceta más dura, echó a Guillermo Badino, el responsable de haber recortado unas 70 mil pensiones por discapacidad, un “error no forzado” que le costó caro al Presidente por las fuertes críticas que recibió.
Badino era presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, un área que en los próximos días se disolverá a través de un decreto, para que el manejo de estas prestaciones pase a manos de la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien hoy encabeza el Plan Nacional de Discapacidad.
La ministra Carolina Stanley debió salir a dar explicaciones por la quita de pensiones y el Gobierno finalmente dio marcha atrás, en medio de un escándalo engrosado por una desafortunada frase de Badino: “Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara”.
Para aplicar la medida, el Gobierno había reflotado el decreto 432, firmado por el ex presidente Carlos Menem en 1997, que fijó mayores exigencias y condiciones para el acceso a una pensión.
Los movimientos en el “equipo” de Macri en la previa de la campaña electoral comenzaron este martes con el apartamiento del superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino, y del viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, en el pico máximo del enfrentamiento entre el Gobierno y el sindicalismo.