Trabajadores del Centro Cerrado Virrey del Pino, perteneciente al Organismo provincial de Niñez y Adolescencia, denunciaron una “crisis total” y “avance del Servicio Penitenciario” en la institución que aloja a jóvenes mayores de 18 años condenados por delitos cometidos siendo menores de edad. Así, los estatales enrolados en ATE advirtieron que dicho establecimiento se está transformando “en una cárcel”, por lo que se “pone en riesgo permanente la integridad psicofísica de los jóvenes y trabajadores”.
Por esta razón, y en el marco de una jornada provincial de protesta del sector, los empleados de este establecimiento orbitado por la Provincia y emplazado en La Matanza realizarán un paro de actividades el próximo 24 de agosto, en tanto que hacen responsable a Pilar Molina, titular del área de Niñez bonaerense, “por lo que pueda pasar en la institución”.
Cabe señalar que los alojados en este centro lo están bajo el sistema de responsabilidad Penal juvenil Ley 13634. Así, éste dispositivo fue generado para evitar que los jóvenes que poseen delitos graves y son condenados, no recalen en las cárceles comunes.
Sin embargo, los trabajadores advierten que el panorama es cada vez más similar al de una unidad penitenciaria: “El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ha adquirido un gran poder en atribuciones, lo que repercute en los jóvenes, institucionalizando la lógica propia de las cárceles comunes. Esto genera un estado de tensión y conflicto constante, desatando situaciones de violencia”.
En esa línea, ahondaron: “Asistimos diariamente a los perjuicios del vaciamiento institucional. A la falta de personal, falta de talleres y actividades socio-educativas para los jóvenes, al avance del SPB, a la creación de una alcaldía para adultos dentro de la institución. Como resultado los hechos de violencia en los módulos ha crecido, poniendo en riesgo la integridad psicofísica de los jóvenes y la de los trabajadores del Organismo de Niñez”.
Actualmente, en Virrey del Pino se encuentran alojados 60 jóvenes en tres de los módulos con 20 habitaciones cada uno. Los trabajadores informaron que, actualmente, se registran tres jóvenes en el área de sanidad, dos de ellos con heridas generadas por elementos corto punzantes; y otros dos en el sector de admisión -denominada comúnmente como “leonera”-, con medida judicial de resguardo físico.
Al describir la degradación edilicia y la falta de mantenimiento del lugar subrayaron: “Muchas de las habitaciones se encuentran en mal estado, con inodoros tapados y desbordes, hay falta de luz, agua y presencia de roedores”.
Tras denunciar “traslados compulsivos” de miembros del plantel de las guardias del sector, se detalló que actualmente existen varios trabajadores con licencia médica, por lo cual la guardia debe ser completada “por uno o dos asistentes que realizan horas extras”, algo que, en el contexto descripto “genera un desgaste psicológico relevante en los trabajadores”. Carencias similares advirtieron con psicólogos y trabajadores sociales.
Bajo tal escenario, se apuntó: “Los jóvenes pasan varias horas al día alojados en sus habitaciones debido a que los talleres disponibles no son suficientes. No contamos con los operadores necesarios para realizar un trabajo mejor con ellos, en donde prime la palabra y la contención. Nuestra tarea cotidiana esta reducida a trabajar con la urgencia y la demanda inmediata, lo cual crea un distanciamiento con el joven y la imposibilidad de generar vínculo estable y sólido”.
Por tales razones, se subrayó que en el último tiempo se vivieron situaciones de violencia “más propias de la ‘tumba’ carcelaria que de institución de niñez. Aparecen gran número de elementos corto punzantes en los módulos, de procedencia desconocida, que se utilizan en peleas y riñas, que trae como consecuencia jóvenes internados, en el hospital zonal, con heridas graves. Por lo tanto nos encontramos realizando nuestras tares en condiciones de riesgo física y psicológico al igual que los jóvenes”.
“Desde ATE definimos que no estamos dispuestos a que esta institución, nuestro lugar de trabajo, se convierta en una cárcel. Somos trabajadores de niñez, no penitenciarios. No queremos ser cómplices del accionar represivo y punitivo del Estado”, enfatizaron.
