Defraudados con las políticas de derechos humanos del Gobierno, al que apoyaron y ahora corren por derecha, los sectores más reaccionarios que luchan por los militares detenidos y condenados por delitos de lesa humanidad tendrán en las PASO dos opciones cercanas a sus intereses. En la provincia de Buenos Aires está la lista 268 “Todos por Buenos Aires”, con José María Sacheri como primer precandidato a senador y Arturo Larrabure como primer precandidato a diputado nacional. Ninguno de los dos es militar. Sí lo fue el padre de uno de ellos. El coronel Argentino del Valle Larrabure murió en una cárcel del pueblo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en 1975. El padre del otro fue Carlos Sacheri, un intelectual nacionalista y ultra católico, asesinado un año antes. El crimen se lo atribuyeron al ERP 22 de Agosto. En territorio porteño, en tanto, estará la lista 262 “Orden y Justicia”, donde se destacan los generales retirados Heriberto Justo Auel y Juan Miguel Ángel Giuliano, dos activos lobistas por la liberación de represores, a los que llaman “presos políticos”.
La porción de electorado que pretenden morder no es menor. El analista político Rosendo Fraga tiene una teoría sobre la elección castrense: especialista en temas relacionados a las Fuerzas Armadas, dice que está compuesta por alrededor de un millón de sufragios, entre personal en actividad, retirados y fuerzas de seguridad, con su influencia sobre el grupo familiar.
“Es muy importante que la Policía, la Gendarmería, la Prefectura, el Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea estén representadas en el Congreso”, piden desde la lista 298. En su paper “El voto militar (1989-2015)”, Fraga señala que en las elecciones de 2007, 2011 y 2015 las fuerzas armadas y de seguridad le fueron esquivas al kirchnerismo, pero nunca a Cambiemos. Hasta ahora.
Larrabure reconoce que existe “una gran desilusión con Cambiemos”. “Hay personas que se sienten defraudadas. Nosotros creemos que podemos representar a esa franja de votantes”, dice a Letra P. “Que Cambiemos pierda votos por seguir encarcelando a nuestros héroes”, escribió una mujer en el perfil de Facebook del partido. En su campaña, Larrabure parafraseó al presidente Mauricio Macri y dijo que él sí iba a terminar con “el curro de los derechos humanos”.
El precandidato asegura que los funcionarios del Gobierno “prometieron mucho y cumplieron poco”: “Las víctimas del terrorismo seguimos esperando y vemos que no existe una voluntad clara por definir una postura frente a este problema”.
-¿A qué lo atribuye?
-Creemos que Macri, (la gobernadora, María Eugenia) Vidal, y todo el gobierno de Cambiemos se quedó en la frase y en la promesa pero no cumplió. Federico Pinedo es familiar de una víctima del terrorismo de los años setenta y nunca hizo ni dijo nada. ¿Por qué este silencio? Nosotros queremos representar a un colectivo que no tiene voz en el Congreso.
UN PATTI CONCEJAL. Larrabure es el vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), una asociación que integran familiares de víctimas de la guerrilla, que relativiza el terrorismo de Estado y busca instalar una agenda de “memoria completa”. Con Sacheri se conocen desde hace tiempo. Integraron, allá por 2006, la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Argentina (AVTA), un grupo ya desactivado. Ese año surgieron varias organizaciones, alertadas por la vuelta de los juicios de lesa humanidad y las políticas de derechos humanos del kirchnerismo.
El sello que usa, Todos por Buenos Aires, ya existía, al igual que la lista 298. “Hubo gente que se incorporó y otros que se fueron. Se reestructuró en algo nuevo, diferente”, explica Larrabure.
Para llegar a octubre deben lograr el 1,5 por ciento del padrón, unos 150 mil votos. La lista la integran además Jovina Luna, hermana de uno de los soldados asesinados por Montoneros en 1975, en el asalto al Regimiento 29 de Formosa. También dos combatientes de Malvinas: el piloto Luis Blanchet Rubio y el teniente coronel José Vercesi. En Escobar, el primer candidato a concejal es Maximiliano Patti, uno de los hijos de Luis Abelardo Patti. El represor, ex intendente del distrito, tiene dos perpetuas y desde hace dos semanas enfrenta un nuevo juicio por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Giménez.
En el séptimo lugar de la lista 298 aparece José Luis D’Angelo Rodríguez. Es un ex carapintada que participó del levantamiento de Semana Santa. Fue condenado y luego indultado por ese hecho. Cuando surgió Cecilia Pando como líder del movimiento procesista, también estuvo a su lado. Con ella dirigió la revista B1.Vitamina para la memoria de la guerra en los ’70, que justificaba los crímenes de la dictadura, y escribió el libro "Mentirás tus muertos. Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos".
A horas de las PASO, ya hubo choques en el partido. D’Angelo Rodríguez informó por Facebook que no trabajaba más para las candidaturas de Larrabure y Sacheri. Y hasta deslizó que había habido un manejo poco claro de los aportes de campaña.
SÍ, MI GENERAL. En la Ciudad de Buenos Aires también se consigue. La lista 262 del partido El Movimiento está poblada de ex militares. A Auel y Giuliano se suman, entre otros: el teniente coronel Enrique Venturino, que lideró con Aldo Rico el levantamiento de 1987; el ex comodoro Horacio Ricciradeli, fundador del grupo ultranacionalista Cóndor; el teniente coronel Oscar Gustavo Igounet, también miembro de Abogados por la Justicia y la Concordia; el capitán de navío Carlos Cortalezzi, el suboficial mayor Fernando Torres y el capitán Luis Dafunchio, ambos veteranos de Malvinas. También aparece como primer candidato a legislador porteño el periodista Carlos Tórtora, ex vocero de los carapintadas, amigo del almirante Emilio Eduardo Massera y actual director del Informador Público, un histórico medio relacionado con (todos) los servicios de inteligencia.
Los generales Auel y Giuliano ya han participado en otras elecciones. En 2011, por ejemplo, fueron activos militantes del duhaldismo. Ambos también encabezaron la Unión de Promociones (UP). Fue creada en 2005 para “asistir y entender a los camaradas detenidos-procesados y sus familias”. Sus integrantes son militares retirados que egresaron del Colegio Militar de la Nación.
Giuliano se hizo conocido en mayo de 2006 cuando participó uniformado en la primera marcha en la plaza San Martín en homenaje “a los muertos por la subversión”. Terminó sancionado con 60 días de arresto. Hoy dirige el Foro de Generales Retirados. En uno de sus últimos comunicados, esa asociación exigió “el cese inmediato de los abusos y vejaciones que sufren los presos políticos de la Argentina”. Auel piensa que durante la última dictadura no hubo centros clandestinos, que no existió tampoco un plan sistemático de desapariciones y que, en definitiva, hubo una “guerra civil”.
“Hartos de ser usados y desoídos por los políticos, decidimos comenzar a transitar el camino de la representación ciudadana. Que Macri deje de negociar con terroristas e hijos de terroristas y comience a escuchar a quienes amamos a la Patria de verdad”, se publicita su lista.
EL ORIGEN. El enamoramiento con el nuevo gobierno duró poco. Las organizaciones “anti lesa” vienen masticando el enojo con Macri desde hace tiempo. El punto de inflexión ocurrió el 24 de mayo pasado, en un acto en apoyo al ex militar Emilio Nani –detenido por delitos de lesa humanidad- que se realizó en la sede central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Allí, Pando le entregó un petitorio al ministro Germán Garavano. El texto parece buscar condicionar el voto para las elecciones a cambio de que el Gobierno haga modificaciones a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
“El Gobierno que usted integra corre el serio riesgo de perder la adhesión de los argentinos que aspiramos al restablecimiento de las instituciones de la República”, dice el primer punto. “Es inadmisible que una turbamulta (sic) o mezquinos cálculos electorales marquen el rumbo del Gobierno o condicionen la función de la Corte Suprema”, agregaron a continuación.
Pando fue más directa para explicar los reclamos. Desde su cuenta de Twitter demandó: “Pedimos que se reconozcan las 17.000 víctimas del terrorismo. También que el Gobierno no interfiera en las decisiones de la Corte. Y que la Secretaria de Derechos Humanos no se presente como querellante en las causas mal llamadas de lesa humanidad”.
