La cruda definición del vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, sobre la actividad frutícola en el Alto Valle generó la reacción de los productores federados, que en las próximas 48 horas se manifestarán sobre las necesidades de una medida fuerza para que de una vez por todas se oficialicen los acuerdos que lograron tras viajar a la Ciudad de Buenos Aires.
Los chacareros, al reunir a sus autoridades el lunes por la noche, evaluaron reclamos y apuntan a la provincia por los problemas que deben sortear desde que comienza el proceso de producción. “Esperamos que se presenten todos los fondos”, le dijo a Letra P el federado Carlos Zanardi, uno de los laderos del actual titular de la Federación, Sebastián Hernández.
Como explica el comunicado que giró entre las autoridades de la entidad, y al que tuvo acceso Letra P, los productores piden la exención de ingresos brutos a la totalidad de los productores primarios y el cobro del Ente de Granizo “adeudado” de las temporadas 2015, 2016 y 2017. También reclaman los 40 millones de pesos de la temporada pasada. La rentabilidad, sostienen, volverá a ser un objetivo "inalcanzable".
En tanto, en un impasse del gobernador Alberto Weretilneck, fuentes oficiales aseguraron a Letra P que la definición de Lopetegui es parte del resultado que logró la reunión entre el presidente Mauricio Macri y la cúpula de la Federación. Ante los reclamos, desde el entorno de Weretilneck recuerdan cómo el gobierno de Río Negro destinó una millonaria suma a través de líneas de crédito. “Estamos acompañando a los mejores, pero hay muchos que no podrán salir adelante porque sus montes son viejos. Tampoco quieren alquilar las chacras. Están esperando subsidios para sobrevivir. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo”, afirmó un funcionario de rol clave en el gabinete rionegrino a este medio.
Un potencial escenario de conflicto, apuntalado a la administración provincial, no evita que desde Viedma se planteen críticas a los “costos impositivos” que modera el Estado nacional y que son “altísimos” en comparación con el resto del mundo. “Los costos los tiene que bajar el Estado nacional, porque el gran componente de presión son impuestos nacionales”, reitera la fuente.
A fines de mayo, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, comunicó que se destinarían 540 millones de pesos para el Alto Valle. De ese monto, 300 millones iban a salir del Fondagro. Como lo auspició Buryaile en redes sociales, la ley de emergencia por un año para la cadena de peras y manzanas que aprobó el Congreso fue otro aliciente, pero, como advierten, nada de lo que se anunció satisface a los chacareros.
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Con el principio de la cadena productiva en riesgo, otro sector tiene un severo retroceso. Como explicó Letra P en diferentes oportunidades, las multinacionales continúan en retirada y dejan en riesgo cientos de puestos de trabajo que alteran la pasividad de una región emblemática por su economía regional.