Como si fuera la repetición de un eslogan de campaña, los principales voceros del Gobierno salieron a defender la represión y el desalojo de la planta Pepsico Snacks, en Vicente López, que dejó detenidos y heridos. "El gobierno bonarense hizo lo que hay que hacer y actuó", sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras que su esquivo colega provincial, Cristian Ritondo, repitió casi la misma frase. Detrás de ese diseño discursivo, el equipo de comunicación de la Casa Rosada baraja un dato para endurecer su posición. “Según nuestras mediciones, el 75 por ciento de la población está abiertamente en contra de cortes de ruta”, justificó una fuente oficial consultada por este medio, que trató de equiparar el impacto de los piquetes en el humor social preelectoral, con la percepción sobre la ocupación de fábricas. A pesar de la inducción oficial al paralelismo, el impacto es distinto. La diferencia tiene que ver “con la modalidad de la medida de fuerza y con el impacto que genera la situación del empleo”, confió un asiduo consumidor de encuestas en tiempos electorales. En rigor, la ocupación colectiva de un lugar de trabajo en defensa de sus puestos laborales implica la descarnada escenificación social de la resistencia al desempleo, pero también el impacto devastador de su fatalidad, cuando no quedan instancias de negociación política entre el sector patronal y los despedidos.
Ese elemento es aceptado a regañadientes en las oficinas del Gobierno, pero la velocidad oficial en sacarse el conflicto de encima antes del arranque de la campaña es la justa dimensión del impacto corrosivo que tienen este tipo de conflictos para la administración de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y del presidente Mauricio Macri.
DETRÁS DEL LIBRETO. Apenas se concretó la incursión de la Infantería de la Policía bonaerense sobre la planta ocupada, Bullrich repitió la línea argumental que desempolvó hace dos semanas, durante el operativo que desalojó la Avenida 9 de Julio. "Ante la violencia y la intimidación, el Gobierno y la Policía de la Ciudad hicieron lo que hay que hacer: impedir que se viva al margen de la ley", disparó la mujer desde de su cuenta de Twitter. Ese 28 de junio, la funcionaria defendió el operativo conjunto de la Federal y la policía porteña con una inusual dotación de agentes encubiertos que se desplegaron cuando las organizaciones que protagonizaron el piquete habían acordado concluirlo. El manejo de los tiempos entre la presunta negociación y la orden de represión se fueron ajustando en la medida en que se acerca el comienzo de la campaña electoral.
El operativo que rodeó Pepsico Snaks estaba previsto hacía 48 horas, según denunciaron los delegados de los trabajadores. Con las fuerzas de seguridad ya dentro de la planta, fuentes oficiales confiaron a Letra P que la decisión de la Casa Rosada y del gobierno bonaerense era realizar el desalojo "lo más pronto posible apenas lo ordenara el juez". Detrás del fervor para cumplir la orden judicial, reaparece el apuro del oficialismo para evitar que los conflictos como Pepsico se extiendan en medio de la campaña que, al menos para las PASO, arranca este viernes con malos números para la escudería de candidatos bonaerenses de Cambiemos.
La urgencia para ejecutar las órdenes judiciales de desalojo tuvo cambios en los últimos meses, pero especialmente después de la movilización del 1A en apoyo al Gobierno. Dos días después, el lunes 3 de abril, fue desalojada la planta fabril de Artes Gráficas Rioplatenses, del Grupo Clarín. La realización del operativo, a diferencia de la urgencia en Vicente López, gobernada por Jorge Macri, demoró varias semanas, en medio de tirantes diferencias entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra Bullrich, que insistió con entrar a la planta con la urgencia y el aval del Presidente. También con la certeza de los sondeos encargados sobre la percepción de los piquetes.
Antes de la incursión represiva de la Bonaerense en Pepsico, las fuerzas de seguridad estuvieron a punto de golpear a los mismos trabajadores el 30 de junio, cuando habían cortado la autopista para denunciar el cierre de la planta. Poco después, la Federal y la policía porteña desalojaron la 9 de Julio y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, anticipó que la “intervención policial” se repetiría en todo tipo de acciones violentas.
17 MESES DESPUES DE CRESTA ROJA. Tanto para Vidal como para Macri, el “bautismo de fuego” al frente de la represión de conflictos sociales ocurrió 12 días después de asumir. El 22 de diciembre de 2015, ambos acordaron desalojar por la fuerza el corte de la autopista Ricchieri, en "cumplimiento de una orden judicial". El despliegue terminó con 12 detenidos, decenas de heridos y el primer conflicto abierto por el cierre de la planta alimenticia, perteneciente a la empresa Rasic. Desde ese operativo, la administración suma tres procedimientos represivos en conflictos fabriles y una larga lista de intervenciones en el interior del país para desalojar piquetes o reprimir medidas de fuerza. Algunos, en tierra bonaerense, han pasado casi inadvertidos para los medios, como el operativo cinematográfico que realizó la Policía provincial el 27 de agosto pasado para desalojar un predio de 260 hectáreas en el partido bonaerense de Moreno.
En lo que va del año, Gendarmería ya reprimió a docentes en Santa Cruz durante el comienzo de este mes. Fue la última saga de operativos desplegados por fuerzas provinciales en Tierra del Fuego, Corrientes y Mendoza para golpear y desalojar a docentes, trabajadores estatales y desocupados. En todos los casos, las autoridades locales contaron con la aprobación y el monitoreo del Gobierno nacional y, especialmente, de la ministra Bullrich.
