La jueza federal de Seguridad Social Viviana Piñeiro hizo lugar a un amparo promovido por el frente 1País, que lideran los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer, y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley, restituir pensiones por discapacidad a “70 mil afectados”, en un plazo de ocho días.
Hace una semana, la alianza opositora presentó su apoyo extrajudicial, en los términos del artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, al amparo colectivo contra la quita de los subsidios, por impulso del ex viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la esposa de Massa, Malena Galmarini.
En esa oportunidad, la UFISES (Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social) había dictaminado que correspondía otorgar una medida cautelar.
En su fallo, del pasado 7 de julio, la jueza Piñeiro resolvió “hacer lugar a la medida de no innovar solicitada e intimar al Ministerio de Desarrollo Social para que dentro de ocho días arbitre las medidas necesarias tendientes a restablecer su pensión no contributiva y la de todos aquellos beneficiarios afectados por la suspensión”.
La magistrada también determinó “el restablecimiento y pago de las prestaciones de salud, hasta tanto que el juez competente se expida sobre el alcance y vigencia de la medida”.
“Le pedimos nuevamente al Presidente que recapacite, que vuelva atrás con la decisión y devuelva las pensiones a todos aquellos que se la quitaron. Tomaron una medida que discrimina a las personas con discapacidad. Otra vez, vemos la gravedad de una medida insensible que muestra que estamos frente a un Gobierno que no tiene corazón al momento de tomar decisiones; menos cuando se trata de los más vulnerables”, aseveró Massa.
Por su parte, Galmarini sostuvo que “las personas con discapacidad no pueden estar a merced de los avances y retrocesos del Gobierno Nacional; necesitan la pensión todos los días. No alcanza con pedir disculpas cuando se juega con la necesidad de los más vulnerables. Ya no son ‘errores’ si siempre castigan a los pobres, son decisiones de gobierno. Nunca se equivocan cuando se trata de los ricos”.
Por último, Arroyo también celebró el fallo judicial y denunció que “el Gobierno cortó a lo bestia las 70 mil pensiones, sin importar el daño que provocaban”. “Una persona con discapacidad tiene un gasto muy grande en medicamentos y terapias. Con la intención de recortar gastos, han tomado una pésima política”, concluyó.