Carlos Horacio de Casas, el abogado de un torturador que fue propuesto por el gobierno de Mauricio Macri para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sufrió un duro revés que lo aleja de la carrera por un lugar en ese organismo internacional. A cuatro meses de que Letra P diera a conocer la nominación, un panel independiente de cinco expertos evaluó que el candidato “no demuestra una reconocida competencia en materia de Derechos Humanos”, y complicó así la posibilidad de que resulte electo.
“De su currículum, sus respuestas al cuestionario y su trayectoria profesional referida, no es posible apreciar que el candidato tenga reconocida competencia en materia de Derechos Humanos”, fundamentaron los especialistas en un documento al que accedió este medio, donde De Casas resultó ser el único candidato objetado entre una lista de seis.
Como abogado penalista, De Casas no sólo tuvo una trayectoria nula en delitos contra la humanidad -requisito fundamental para la CIDH-, sino que además se desempeñó como defensor del represor Enrique Gómez Saa, ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en una causa tramitada en Mendoza por secuestros y torturas durante la última dictadura.
La candidatura de De Casas había sido objetada por un centenar de organismos de Derechos Humanos y otras organizaciones, como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), la Comisión Provincial por la Memoria, Abuelas de Plaza de Mayo, las CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y Memoria Activa. De hecho, la postulación “no fue consultada” por el Gobierno argentino a la sociedad civil, según otra de las advertencias del panel de expertos.
Este grupo estuvo integrado por Nienke Grossman (Estados Unidos), Miguel Gutiérrez Saxe, (Costa Rica), Cecilia Medina Quiroga (Chile), Elizabeth Salmón Garate (Perú) y Miguel Sarre Iguíniz (México), quienes analizaron al candidato en base a su currículum, a sus publicaciones y a las respuestas que brindó a un cuestionario. Este tipo de evaluación ya tuvo una primera experiencia en 2015.
La elección de los tres nuevos integrantes de la CIDH está en manos de la Asamblea General de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y tiene fecha para el próximo 21 de junio. Los otros candidatos para el período 2018-2021 -que recibieron el visto bueno de los especialistas- son Gianella Bardazano Gradin (Uruguay), Douglas Cassel (Estados Unidos), Joel Hernández García (México), Flavia Piovesan (Brasil) y Antonia Urrejola (Chile). En la Comisión ya ejercen su mandato José Eguiguren Praeli (Perú), Margarette May Macaulay (Jamaica) y Esmeralda de Troitino (Panamá).
CURRÍCULUM Y PUBLICACIONES. Entre las objeciones que planteó el panel sobre posible conflicto de intereses, señaló que aunque el currículum señala que De Casas es miembro del Consejo Consultivo Honorario del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos -ONG fundada en 2006 con estatus consultivo especial ante el ECOSOC desde 2015-, él mismo negó en el cuestionario ejercer algún cargo público u otra función en organizaciones civiles con intereses en el SIDH.
El candidato incluyó además en el cuestionario sus publicaciones, que según los expertos no están vinculadas al área de Derechos Humanos. En una de ellas, titulada “Libertad de Expresión y Secreto Profesional en la Información”, De Casas “critica la derogación de la figura penal del desacato, que se llevó a cabo en Argentina en cumplimiento de una solución amistosa acordada con sujeción a las normas de la Convención Americana (…) quitando de este modo valor a un tipo de decisiones importantes para el sistema interamericano”.
Otras de las publicaciones de De Casas son un Manual de Derecho Penal y un artículo titulado “Algo más sobre el garantismo”, donde despliega consideraciones ultraconservadoras, y otros tres escritos.
De Casas fue nominado formalmente el 1° de febrero último por la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj, con el aval del ministro de Justicia, Germán Garavano. Letra P adelantó en exclusiva el nombramiento del abogado defensor de Gómez Saa, acusado de “privación abusiva de la libertad agravada por violencias y amenazas” contra Roberto Edmundo Vélez, Oscar Martín Guidone y Martín Lecea; y por “imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político” de las mismas tres víctimas y “lesiones gravísimas calificadas por haber sido cometidas con alevosía” contra Guidone.
