Los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia que la semana pasada fallaron a favor del cómputo del 2x1 de la pena para condenados por delitos de lesa humanidad ya afrontan la primera embestida judicial tras la catarata de críticas de dirigentes y organismos de derechos humanos. Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron denunciados penalmente este lunes mientras en el Congreso analizan tratar una ley para acotar el beneficio a represores.
La presentación fue formulada por Marcelo Parrilli, abogado especializado en el área y ex legislador del MST, quien acusó a los cortesanos de prevaricato, esto es, el delito cometido por funcionarios públicos o jueces cuando faltan a las obligaciones y deberes del cargo que desempeñan, a sabiendas de ello.
La denuncia quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Guillermo Marijuan, y en ella también se acusa a los tres jueces de tener vínculos con el Gobierno nacional y de haber recibido “incentivos” para el voto a favor del fallo que determinó la aplicación de la Ley 24.390, vigente entre 1994 y 2001 y hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión.
El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y Carlos Maqueda, se pronunciaron en disidencia al señalar que esa disminución no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Esa postura se enfrenta a la de quienes sostienen que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna debe ser extensivo a todos los delitos.
Mientras tanto, el Congreso podría avanzar los próximos días en una ley para delimitar la implementación del 2x1 y que sólo se ejecute sobre quienes estuvieron presos durante la vigencia de la norma. Así lo adelantó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien precisó que con ese proyecto se hará “una aclaración del tema que permita acotar la aplicación de este sistema”.
En declaraciones radiales, Pinedo reiteró la premisa de “la independencia de la Justicia” y recordó que cuando el Poder Ejecutivo designó a los dos miembros de la Corte Suprema (Rosatti y Rosenkrantz) “no los conocía”, y “sólo quería que sean jueces creíbles y que actúen en base a la ley y su interpretación, y no en base a lineamientos políticos”.
La semana pasada, Madres de Plaza de Mayo –patrocinadas por los letrados Eduardo Barcesat y Pablo Llonto- anunciaron que impulsarán en la Cámara de Diputados el juicio político a los tres jueces en cuestión. “Nuestros hijos van a quedar en la historia, pero éstos nos van a dar asco”, disparó Hebe de Bonafini en conferencia de prensa. El juicio político es el mecanismo previsto en la Constitución Nacional para proceder a la destitución de jueces y funcionarios, y para ello se requiere de una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras.
