Más de 500 personas rodeaban la planta de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) del Grupo Clarín, mientras un centenar de efectivos de infantería de la Policía de la Ciudad aguardaban apostados a una cuadra de Corrales 1393, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, con la orden judicial de desalojar la imprenta que está ocupada hace más de 80 días por sus trabajadores, desde que la patronal resolvió cerrarla y despedir a toda la plantilla de empleados. Para resistir a la pérdida de las fuentes de trabajo, la comisión interna resolvió quedarse en las instalaciones, luego de demostrar una maniobra de vaciamiento previa a las cesantías.
La alarma de un posible desalojo comenzó luego del mediodía, cuando llegaron "camiones de la Policía Federal a las inmediaciones de la planta AGR", denunció la comisión interna en un comunicado para convocar en forma urgente "a sindicatos, comisiones internas, trabajadores y a los medios de comunicación para rodear la planta" y evitar el desalojo. Dos horas después ya habían 500 personas en las inmediaciones de la imprenta, mientras las tropas de infantería aguardan a una cuadra. A pesar de las consultas de Letra P, el gobierno porteño no aportó información sobre el dispositivo represivo desplegado en la zona.
"Hemos sido notificados de una orden de desalojo, sin que el juez ordene algun tipo de mediación. Es un delincuente que mandó efectivos con armas largas y ametralladoras para sacar a trabajadores que estamos defendiendo nuestras fuentes de trabajo. En lo inmediato hemos planteado a las fuerzas policiales una negociación. Ellos entraron a la planta junto con nosotros y filmaron el estado impecable del inmueble, de las rotativas, y de los stocks, pero hemos establecido claramente que vamos a continuar con un acampe en la puerta", detalló Pablo Viñas, uno de los miembros de la Comisión Interna de los trabajadores, para explicar que los trabajadores podrían dejar el interior de la planta y quedarse afuera.
El 9 de marzo, hace casi un mes, los trabajadores de AGR ya habían denunciado la existencia de un plan "para desalojarlos con tropas de fuerzas de seguridad y una patota de 100 barrabravas que actuarían en forma combinada". El presunto ataque denunciado no se concretó en esa oportunidad, pero los hostigamientos venían desde antes.
Poco después del inicio de la medida de fuerza, los trabajadores fueron filmados y espiados mediante falsos móviles de exteriores, presuntamente pertenecientes a medios televisivos, aunque en realidad se trataba de camionetas con miembros de la Policía Federal o de la Agencia Federal de Inteligencia que realizaban filmaciones e intercepciones de comunicaciones telefónicas. La intervención de los agentes de inteligencia con su despliegue técnico fue filmado y denunciado ante la Justicia. El caso cayó en manos del juez federal Ariel Lijo.
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