La Legislatura porteña aprobó este jueves cuatro convenios que inician el proceso de transferencia de fueros judiciales y organismos registrales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En concreto, serán transferidas en forma gradual a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las funciones que no sean de materia federal, al igual que la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble según dispuso este jueves la Legislatura porteña aunque está pendiente la ratificación del Congreso Nacional. El oficialismo adelantó su compromiso para crear una comisión especial conformada por distintos bloques que atienda la situación de los trabajadores judiciales.
El parlamento porteño aprobó este miércoles en sesión especial cuatro leyes que legitiman este proceso de transferencia basado en lo que establecen las constituciones Nacional y de la Ciudad y cuatro recientes convenios suscriptos en el máximo nivel ejecutivo por las autoridades respectivas.
Los convenios aprobados y convertidos en ley fueron tratados en base a despachos elevados al pleno por la comisión legislativa de Relaciones Interjurisdiccionales que preside el diputado Juan Francisco Nosiglia (SUMA+) en presencia de una representación de trabajadores que ocupó los palcos y en distintos momentos entonó consignas en defensa de sus fuentes laborales.
El artículo 129 de la Constitución Nacional, la ley nacional 24.588, la Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad establecen que los Estados nacional y porteño están facultados para suscribir los convenios que conduzcan a una ordenada transferencia a la CABA de la Justicia Nacional Ordinaria con asiento y organismos administrativos de la Administración Pública Nacional.
El primer orador fue el presidente del bloque oficialista, diputado Francisco Quintana (PRO) quien en su intervención comprometió la voluntad de sus representados para que en la próxima sesión ordinaria -probablemente el jueves 20 de abril- "se cree una comisión especial que sea el ámbito del debate de las distintas fuerzas políticas para atender las situaciones colectivas y particulares de los trabajadores judiciales". Previamente había recordado al "compañero de trabajo y entrañable amigo Enzo Pagani", presidente del Consejo de la Magistratura fallecido la semana pasada.
Miembro informante fue el presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Presti (PRO). Afirmó que "los acuerdos formalizados el 19 de enero último tienen un solo objetivo: fortalecer la autonomía". Tras remarcar que "no se alteraran ni alterarán los derechos adquiridos de los trabajadores" y que "nuestra decisión de hoy requiere la ratificación del Congreso Nacional" volvió a enfatizar que "estamos ante un final anunciado: la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".