En un escrito de 45 hojas, la ex presidenta Cristina Kirchner pidió ser sobreseída en la causa denominada Los Sauces, y denunció ser víctima de una “persecución judicial y mediática” que se extiende a sus hijos, al presentarse en los tribunales de Comodo Py, donde acudieron dirigentes y militantes de La Cámpora.
Cristina se presentó este martes ante el juez federal Claudio Bonadio, quien la había citado a prestar declaración indagatoria, y lo acusó de “no ser imparcial”, a la vez que señaló que el parentesco con los procedimientos de la causa Hotesur –a cargo de otro juez, Julián Ercolini- significa “un verdadero escándalo jurídico y político”.
“Resulto objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en nuestro país, al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner, en especial, a esta última”, advirtió la ex presidenta en el escrito, al que accedió Letra P.
Además, subrayó: “Como cualquier persona tengo derecho a ser juzgada por un juez imparcial, circunstancia que ni remotamente reúne el magistrado a cargo de esta causa (Bonadio), como es de público y notorio”.
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Según el relato de Cristina, “tras el cambio de gobierno, a finales del año 2015 y principios de 2016, se armaron en su contra dos causas -comúnmente denominadas Dólar Futuro y Los Sauces-“, y “además se impulsaron otras dos que ya existían con una especial particularidad: una de ellas data del año 2008 –por asociación ilícita y la otra del año 2014 -Hotesur-".
“En todos los casos se trata de causas iniciadas por legisladores opositores a mi gobierno, que luego fueron ampliamente difundidas a través de un aparato de propaganda que sólo registra comparaciones con el que tuvieron a su disposición gobiernos totalitarios”, alertó la ex mandataria.
Siguiendo esta línea, sostuvo que en la causa Los Sauces “se repitió a la letra la hipótesis de que el pago de los mismos y simples contratos de alquiler de inmuebles por parte de los mismos dos empresarios concesionarios de obra pública -Lázaro Báez y Cristóbal López-, eran ‘retornos’ por dichas concesiones”. “O sea, una vez más: la misma denunciante (por la diputada nacional Margarita Stolbizer), la misma conducta, los mismos contratos, los mismos empresarios y el mismo juez”, sugirió.
Reiteró entonces que “la causa, radicada en este juzgado, copió no sólo el mismo supuesto modelo de investigación que había sido utilizado en Hotesur -allanamientos indiscriminados, imputaciones difusas y limitaciones indebidas al derecho de defensa en juicio-, sino que además reprodujo, como ya se dijo, el mismo objeto procesal (contratos de alquiler) y con relación a las mismas personas (Lázaro Báez y Cristóbal López)”.
“En síntesis: a esta altura ya tenemos dos causas judiciales con dos jueces diferentes por un mismo y único hecho, y con idénticos protagonistas: contratos de alquiler de inmuebles suscriptos con los mismos contratistas de obra pública. Un verdadero escándalo jurídico y político”, sentenció Cristina.
En particular, sobre los contratos de alquiler celebrados con Báez y López, puntualizó que "pretenden ser calificados como un supuesto de lavado de dinero", pero consideró que "tal imputación resulta ridícula y contradictoria con todos los elementos de prueba ya incorporados a la causa", pues "se trata de contratos reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de reiterados allanamientos, con inquilinos reales de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario".
