Luego de la tragedia de Pergamino, donde fallecieron siete detenidos en una comisaría de la ciudad, la situación de hacinamiento de presos en dependencias policiales volvió a ponerse sobre la mesa de discusión, al tiempo que se esperan novedades de la demorada reforma del sistema penitenciario anunciada por la gobernadora María Eugenia Vidal en dos oportunidades el año pasado. El panorama de colapso se refleja con nitidez en Bahía Blanca, donde todas las semanas se repiten los habeas corpus denunciando una superpoblación que, por momentos, triplica la capacidad de alojamiento.
Bajo tal escenario, la Jueza de Garantías N° 1 de Bahía Blanca, Dra. Gilda Stemphelet, intimó en septiembre pasado a los ministerios de Seguridad y Justica no sólo a conceder cupos para trasladar a los internos y que se proceda a la clausura de dos celdas de la Comisaría Primera de la ciudad, sino a asegurar una adecuada provisión de alimentos en calidad y cantidades aptas, señalando como “insuficiente” los 40 pesos que por entonces se otorgaban por día en comida.
En diálogo con Letra P, la magistrada detalló que también elevó copias a la Corte Suprema bonaerense advirtiendo que “al menos en Bahía Blanca se estaban violando sistemáticamente los derechos de personas en detención” y solicitó que, por ello, se realice la denuncia ante los organismos internacionales pertinentes.
“Eso la Corte lo tomó e intimó al Ministerio de Seguridad para que diga cuánto tiempo iba a demorar para construir una comisaría o alcaldía necesaria para Bahía Blanca”, expresó Stemphelet aunque remarcó que, al momento, “no hubo respuestas” de la Provincia en cuanto a soluciones de fondo ante un problema que, advirtió, persiste por estos días.
La intimación en cuestión surgió al detectarse que en la Comisaría Primera los detenidos se hallaban en condiciones de hacinamiento, sin colchones y con dos celdas que se inundaban constantemente ya que el agua de las duchas bajaba hacia ese sector. La magistrada advirtió que el lugar sólo podía alojar a ocho detenidos. Había 21. Aunque el fallo judicial fue acatado, pocas semanas después, el colapso reflotó.
De aquel entonces a la actualidad, la jueza de Garantías bahiense manifestó que se habitaron dos comisarías más para recibir detenidos pero que esto no aplacó el panorama de superpoblación que recrudece los fines de semana. “En las comisarías de la ciudad se llega a los treinta presos y hay lugares para doce”, enfatizó para marcar: “Cada vez más detenidos” y que “todos las semanas se reciben habeas corpus” por esta situación.
Asimismo, comentó que se han llegado a clausurar comisarias en la jurisdicción por no contar con los requisitos mínimos de calefacción y/o ventilación.
RECLAMO POR ALCALDÍA. Actualmente, la única alcaldía en funcionamiento en Bahía Blanca se emplaza en la Unidad Penal Nº 4. Sin embargo, además del hacinamiento que también se registra allí, el ingreso de un detenido es mediante la solicitud de un cupo que se tiene que gestionar llamando al Servicio Penitenciario Bonaerense. Aunque destacó una buena predisposición por parte de las autoridades de este organismo, la jueza bahiense hizo foco en las demoras que surgen de estas tramitaciones.
Para acelerar los procesos y descongestionar esta situación, la Dra. Stemphelet dio cuenta de la necesidad de una inversión en alcaldías para Bahía Blanca y su zona de influencia. “Se necesita una alcaldía que dependa del Ministerio de Seguridad, donde el preso entre con el oficio del juez y no necesite pedir cupo”, reclamó la magistrada.