El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 25 de La Plata, a cargo del juez Carlos Catoggio, resolvió este jueves hacer lugar al amparo presentado por la Defensoría del Pueblo, y ordenar a la Gobernadora, María Eugenia Vidal, que retrotraiga el aumento de los peajes en el corredor del atlántico y la autopista Buenos Aires- La Plata.
Se trata del aumento de hasta un 70 por ciento, que la mandataria autorizó el pasado 14 de febrero, para los peajes dispuestos en las rutas 2 y 11, con destino a las playas bonaerenses, y los ubicados en la mencionada autopista que recorre la capital provincial y la ciudad de Buenos Aires.
La semana pasada, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, había presentado un recurso de amparo para que la Justicia declare la nulidad de estos aumentos, al considerar los montos arbitrarios.
Lorenzino arribó a la Defensoría, fruto del acuerdo político que sellaron la Gobernadora Vidal y los intendentes peronistas del Grupo Esmeralda.
El ex diputado provincial, fue además uno de los primeros que se alejó del ex gobernador, Daniel Scioli, para alentar la figura electoral de Florencio Randazzo.
Ahora, el fallo de la justicia, que por primera vez impone una medida cautelar en base a una presentación de la Defensoría, resulta el primer saldo negativo del acuerdo gestado por Vidal, en el marco de la discusión por el presupuesto bonaerense.
En el fallo se justifica la medida cautelar al entender que legalmente el usuario debe ser informado sobre cualquier nuevo régimen tarifario, y que la modalidad de Audiencia Pública puede resultar la más adecuada.
Según se indica en el texto, “la normativa” de los consumidores “exige el cumplimiento del deber de información, resultando dicho procedimiento -la audiencia pública- el más idóneo al permitir una amplia convocatoria y un debate de todos los sujetos involucrados”.
Y detalla que “aun cuando la apreciación acerca de si la forma que debe darse a la convocatoria de los usuarios debe ser o no la audiencia pública, lo que no puede soslayarse de ningún modo es el deber de informar adecuadamente y otorgarles efectiva participación tanto a las asociaciones de usuarios como a los consumidores afectados”.
En 2016, en el marco del aumento tarifario de energía impuesto por el Gobierno nacional, el entonces Defensor del Pueblo, Marcelo Honores, había promovido, en representación de los usuarios y de diputados del Frente para la Victoria, un amparo para evitar ese incremento.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó el pedido, no por la legalidad del reclamo sino por la legitimidad de Honores, quien ocupaba el cargo en forma interina.
Esta vez, y ante un planteo de similares características, la legitimidad de Lorenzino no estuvo en juego, y la Justica decidió aceptar el planteo, que representa a todos los usuarios de la Provincia.
“Esperemos que Aubasa (la concesionaria estatal), Roberto Gigante (titular de Infraestructura) y María Eugenia Vidal, acepten el fallo de la Justicia y repongan las tarifas de peajes anteriores al aumento” indicó Lorenzino.
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“La Defensoría se presentó como representante de los derechos colectivos de los habitantes de la Provincia. Queremos saber el porqué de los aumentos” remarcó el Defensor.
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