“Si no fuera por la lluvia, tendríamos otro escenario”, contestó con alivio un funcionario de la Casa Rosada para evaluar un miércoles que todo el Gabinete Nacional anticipaba como un día fatídico. En el cierre de la jornada, la lista de cortes de ruta contabilizados superó los 50 piquetes en distintas partes del país. Contra todos los pronósticos oficiales, la lluvia alejó a la Casa Rosada de su peor preocupación: el desalojo violento de los cortes de ruta, especialmente sobre Avenida General Paz, autopista Riccieri y el Puente Pueyrredón. En rigor, la última tormenta de verano no fue la única responsable: la carteras de Desarrollo Social y Trabajo movieron todos los recursos posibles para que los piquetes no se extendieran en el tiempo. Los sondeos políticos de los funcionarios con las organizaciones sociales para limitar las protestas sobrevolaron una debilidad manifiesta: una vez más la administración del presidente Mauricio Macri no tuvo margen político para aplicar el protocolo antipiquetes que su ministra Patricia Bullrich promocionó desde que asumió.
Pero más allá de las señales de debilidad del Gobierno y de las mitigaciones ministeriales de último momento, el discurso oficial ya había puesto en marcha un plan de autovictimización que arrancó la semana pasada, cuando comenzaron a deslizar los presuntos intentos desestabilizadores las movilizaciones. Las acusaciones contra sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos son el “lado b” de una debilidad estructural para la administración de Cambiemos en sus primeros 15 meses de gestión al frente del Estado Nacional. Sin embargo, las opiniones oficiales no dejan sus explicaciones en las hipótesis conspirativas. También posicionan a los protagonistas de la protesta social como nuevos adversarios discursivos, mientras advierten que existe un límite. Cuando se agote el clamor para denunciar a los acusados, la herramienta política para marcar la cancha será la aplicación de la ley. Es decir, la individualización de aquellos que “sostengan su actitud y se nieguen al diálogo”.
El mensaje, por ahora, no ha sido mencionado en público por los mismos funcionarios que muestran su preocupación, pero es un recurso legal que, como sucedió hace 15 años atrás, puede volver a engrosar la lista de dirigentes sociales acusados por el Gobierno y procesados por la Justicia con el fin de contener el incremento de las protestas. Los funcionarios de la ministra Patricia Bullrich prefieren hablar de “reincidencia” de la protesta, quizás en la antesala de un nuevo movimiento que prepara Cambiemos cuando el fantasma de la desestabilización ya tenga nombres, apellidos y acusados.
