Corría el año 2015. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presionaba al juez de la Corte Carlos Fayt para que renunciase a su cargo. El argumento: el hombre tenía 94 años y ya no iba a trabajar. En ese momento, Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño y candidato a la sucesión de CFK, salía a defender al magistrado. “No hay democracia posible si no hay respeto a la división de poderes”, tuiteó el 11 de mayo de aquel año. Hoy, como jefe de Estado, empuja a la jubilación a la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, que intenta mantenerse en su puesto más allá de los 75 años, edad que cumplirá en diciembre, y es destinataria del rencor presidencial: en 2015, se opuso a la designación por decreto de los supremos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en el primer gran brulote de la era PRO.
Según informó este lunes la agencia DyN, el Ministerio de Justicia pidió que sea rechazada la acción de amparo presentada por Highton de Nolasco para continuar en la Corte más allá del límite establecido por la Constitución.
El escrito oficial dejó abierta la posibilidad para que la magistrada se someta al proceso de revisión de sus aptitudes contemplado en la reforma de 1994 para determinar si está o no en condiciones de seguir siendo jueza del máximo tribunal, reportó.
A finales del año pasado, Hihgton presentó una acción de amparo temprana para que quede sin efecto la cláusula constitucional que la inhibiría de continuar en el cargo en diciembre próximo, cuando cumplirá 75 años.
El Gobierno, a través del ministro Germán Garavano, pidió que se "rechace la acción instaurada” por la única jueza mujer de la Corte. Garavano, vale recordarlo, ha sido, desde el inicio de la gestión macrista, el vocero de la embestida de la Casa Rosada sobre la procuradora general de la Corte, Alejandra Gils Carbó, a quien le pidió en reiteradas oportunidades que abandonara su cargo. Y el autor de una reforma del Ministerio Público destinada a sacar a la funcionaria de su despacho. Garavano fracasó en los dos frentes: Gils Carbó no renunció y su reforma normativa naufragó en el Congreso, donde la hirieron de muerte hasta los propios socios del PRO en Cambiemos.
BUFFET FROID. Macri había empezado mal su relación con el Poder Judicial. El 14 de diciembre de 2015, en una fallida jugada fundacional, designó “en comisión”, por decreto, a los juristas Rosatti y Rosenkrantz para cubrir dos vacantes en la Corte. Para eso, estrujó el artículo 99 de la Constitución en una pirueta jurídica que fue rápidamente desacreditada por expertos de todos los orígenes y colores. Macri, que había hecho campaña con el discurso de la calidad institucional, empezaba a caminar con la banda presidencial saltando las vallas de las normas que establecían, para el nombramiento de los jueces del máximo tribunal, la obligación de someter a los candidatos a un proceso de consulta y participación ciudadana y, por supuesto, al escrutinio del Poder Legislativo.
"No existe ningún antecedente en la historia del país de la designación en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia", había dicho, por ejemplo, el ex camarista y ex ministro de Justicia León Arslanian.
Highton de Nolasco se ganaría, en esas horas de amanecer del gobierno macrista, la antipatía de la Casa Rosada: la jueza se negó a avalar la designación de sus nuevos colegas y terminó de forzar la marcha atrás del Presidente, que debió calmar su ansiedad por ver a sus candidatos en la Corte y ajustarse a los requisitos y los tiempos del decreto 222/03, que había dictado Néstor Kirchner cuando decidió renovar el máximo tribunal para terminar con la herencia menemista.
FUNDAMENTOS. Según la presentación del Gobierno, el límite de los 75 años “en modo alguno impide que los jueces de la Nación permanezcan en funciones luego de llegar a esa edad”.
“La Carta Magna prevé la posibilidad de que se efectúen a su respecto nuevos nombramientos ulteriores en los mismos cargos, por lapsos de 5 años, los que podrán ser repetidos indefinidamente”, precisa el escrito.
Pese a disponer de esa posibilidad, “no se ha recibido en el ámbito del Poder Administrador solicitud alguna de la doctora Highton de Nolasco, destinada a poner en marcha el procedimiento previsto por la norma constitucional referida”.
Además, atento a que nada obstaculiza por ahora la continuidad de la jueza en el alto tribunal, el escrito del gobierno sostiene que “la ausencia de una lesión concreta, actual o inminente, tornaría improcedente la vía procesal del amparo”.
“De lo contrario se habilitaría el amparo como mero cauce ‘consultivo’, función que es ajena a la competencia asignada a los tribunales”, subraya el escrito oficial.
El Ministerio de Justicia anunció su intención de llevar el caso incluso hasta la propia Corte Suprema.
“Para el improbable supuesto de que se hiciera lugar a la acción de amparo que motiva el presente informe y atento la naturaleza de la cuestión tratada, esta parte articula el Caso Federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostiene el escrito, presentado ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico.
