Históricamente los suegros y los cuñados de Sergio Massa, líder del Frente Renovador, se enfrentaron con el oficialismo de San Isidro. Las diferencias se acentuaron cuando todos fueron parte del mismo espacio político. Ahora la justicia atendió una denuncia presentada por la concejal Marcela Durrieu de Galmarini contra el intendente. “La solicitud del fiscal sobre las indagatorias tienen un claro propósito político en perjuicio de la imagen de nuestra gestión municipal”, señaló Gustavo Posse
Mucho antes que Sergio Massa decidiera jugar por afuera del Frente para la Victoria y liderar el armado de un nuevo espacio, el Frente Renovador, en San Isidro los Posse y los Galmarini ya estaban enfrentados políticamente. La oposición no sólo no se terminó cuando ambas familias compartieron el mismo paraguas partidario, sino que se agudizó.
En 2014, en momentos en que ambos apellidos usaban el mismo sello político, la madre de Malena Galmarini, la concejal Marcela Durrieu, presentó una denuncia penal contra el intendente Gustavo Posse por supuestas irregularidades en la construcción y entrega de viviendas de un flan federal de ese distrito.
INDAGATORIA. Ahora, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió al juez Sebastián Ramos que se cite a declaración indagatoria al intendente de San Isidro por supuesta defraudación contra la administración pública por la falta de construcción de viviendas en el barrio “Martín y Omar” en el bajo de San Isidro.
Según la denuncia, debían edificarse 250 casas en el marco del Plan Federal de Viviendas pero sólo se habría edificado 44, pese a que los certificados de obra dieron cuenta de que el 99,44 por ciento de las viviendas habían sido terminadas.
Posse “estaba obligado como máxima autoridad municipal a velar porque los fondos del Plan Federal de Viviendas se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados, en base a las rendiciones de cuenta y pedidos de entregas parciales según el avance de las obras”, advirtió el fiscal. Además pidió indagar a funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y a los responsables de las tres empresas contratadas para las obras y su certificación, “Soluciones Urbanas SRL”, “Emaco SA” e “Inelco”.
RESPUESTA DE POSSE. En un comunicado que el Ejecutivo municipal hizo circular por las redes sociales, Posse indica que “el Municipio de San Isidro desde un primer momento colaboró con la investigación, aportando toda la documentación necesaria para que se esclarecieran los hechos”
En esa línea, aseguran que “le solicitaron al fiscal que se llevaran a cabo las pericias para demostrar la inexistencia de los hechos denunciados” y que ante esto el “fiscal ordenó la producción de las mismas”.
En tanto, aseguran que “en forma sorpresiva y sin que se llevaran a cabo las pericias, el fiscal le requiere al Juez que cite a prestar declaración indagatoria a diversos empresarios, funcionarios de obras públicas del Municipio y del Instituto Provincial de la Vivienda, y a mí por considerarme la máxima autoridad municipal”, pese a que “las pericias que debieron realizarse y todavía no se llevaron a cabo demostrarán que los hechos denunciados no son ciertos y que la solicitud del fiscal sobre las indagatorias tienen un claro propósito político en perjuicio de la imagen de nuestra gestión municipal”.
