A Marcelo López Mesa le pidieron la renuncia a la Asesoría General de Gobierno en la provincia de Buenos Aires y de esta manera, la reforma de ley de Ministerios que proyecta la gobernadora María Eugenia Vidal comienza a traerle consecuencias internas. Como contó Letra P, una de las áreas que estudian fusionar es precisamente aquella, junto con la Secretaría Legal y Técnica.
La renuncia se hizo efectiva este jueves y se produce días después de que trascendiera la intención de la mandataria y su jefe de Gabinete, Federico Salvai, de plasmar un cambio drástico en aquel sector específico, al igual que en otros.
Concretamente, la reforma que planea la gobernadora desembocará en la disolución de la Asesoría General de Gobierno. En este sentido, quien alertó a Vidal en las últimas horas fue el hombre que ocupara aquel cargo durante el gobierno de Eduardo Duhalde en la provincia, Antonio Arcuri. Directamente le mandó una carta pidiéndole que dé marcha atrás con la medida. "Subsumir la AGG en una secretaría de Estado resulta un avance de la política en un organismo técnico con personal de carrera, derechos adquiridos y una vasta experiencia en la materia", argumentó.
Como ya narró este portal, si bien anticipan que habrá una reestructuración muy importante -se fusionan áreas y subsecretarías en casi todas las carteras-, en concreto lo que materializará la mandataria es un reacomodamiento puertas adentro para reconfigurar roles políticos, volviendo para atrás en cambios que ella misma había implementado al comienzo de su gestión. Este plan ya comienza a traer los primeros coletazos.
López Mesa asumió en octubre del año pasado. El abogado reemplazó a Gustavo Ferrari, quien hoy es ministro de Justicia -llegó tras la renuncia de Carlos Mahiques, a fines de mayo-.
Desde la renuncia de Mahiques y su reemplazo a cargo de Ferrari, quien pasó a ocupar transitoriamente el cargo de Asesor General de Gobierno fue Xavier Areses, nombrado como Coordinador General de Gestión, dentro de la Asesoría.
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Según la web oficial de Gobernación, la Asesoría General es el "órgano consultivo y consejero del Poder Ejecutivo", y tiene como sus principales funciones "expedirse en todo asunto que verse sobre la aplicación e interpretación de las normas jurídicas que rigen la actividad de la Administración Pública provincial" y "sobre la procedencia o improcedencia de los recursos que se interpongan ante el Poder Ejecutivo contra resoluciones dictadas por las distintas dependencias administrativas, así como en los pedidos de revocatoria contra resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo".
Además, "intervenir en las licitaciones públicas con anterioridad al decreto de adjudicación del Poder Ejecutivo, dictaminando sobre el cumplimiento de los requisitos legales"; "intervenir en todo expediente en el que se gestione la prórroga del plazo de ejecución de contratos de locación de obra o de servicios, donde actúe la Provincia como persona de derecho privado; establecer si el contratista privado ha observado el estricto cumplimiento de las cláusulas contractuales o de las disposiciones legales en vigor, antes de la recepción definitiva de las obras públicas y devolución del depósito de garantía; e instruir los sumarios administrativos que el Poder Ejecutivo resuelva iniciar contra funcionarios de la Administración Provincial, con excepción de los casos contemplados por leyes especiales".
La Asesoría también se encarga de "representar en juicio a la Provincia de Buenos en todas las demandas de inconstitucionalidad que se inicien contra leyes, decretos o resoluciones provinciales, las que tramitan en instancia única ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y en todas aquellas causas en las que no se controviertan intereses fiscales", y por último, de "intervenir y contestar las demandas –pretensiones anulatorias- que promueva el Fiscal de Estado contra actos administrativos emanados de autoridades provinciales, en los términos del artículo 9º, inciso 2º del Código Contencioso Administrativo".