Este martes asumirá el nuevo Asesor General de Gobierno de María Eugenia Vidal. Según confirmaron fuentes de la gestión bonaerense, se trata del abogado Marcelo López Mesa. Llega para reemplazar definitivamente a Gustavo Ferrari, quien se desempeñaba en ese cargo hasta que asumió como ministro de Justicia, tras la renuncia de Carlos Mahiques, a fines de mayo.
Desde la renuncia de Mahiques y su reemplazo a cargo de Ferrari, quien pasó a ocupar transitoriamente el cargo de Asesor General de Gobierno fue Xavier Areses, quien está nombrado como Coordinador General de Gestión, dentro de la Asesoría.
López Mesa nació en Coronel Dorrego. Cursó una Maestría en Derecho Civil y el Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Luego, realizó estudios de postgrado en la Universidad de Salamanca (España). En su CV figura que fue designado académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, convirtiéndose en el jurista más joven en ingresar a esa corporación. Obtuvo otros importantes logros y reconocimientos internacionales, siendo el único jurista no francés que publicó un artículo en el libro de homenaje que el derecho francés tributó al maestro Philippe Le Tourneau, que se publicó en París a comienzos de 2008.
Fue profesor de prestigiosas universidades argentinas; además de profesor visitante de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia), de las universidades de Antioquia y EAFIT (Medellín, Colombia) y, en Europa, de las universidades de La Coruña (España), Perugia (Italia) y Coimbra (Portugal).
Desde 2007 es Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Dedicó su actividad académica y profesional al derecho de la responsabilidad civil y al derecho de las obligaciones. Fruto de esa actividad, son más de un centenar de artículos publicados en revistas latinoamericanas y europeas además de veinte libros, entre los que se destacan su tesis doctoral, dos tratados y dos códigos civiles (de Argentina) anotados.
Según la web oficial de Gobernación, la Asesoría General es el "órgano consultivo y consejero del Poder Ejecutivo", y tiene como sus principales funciones "expedirse en todo asunto que verse sobre la aplicación e interpretación de las normas jurídicas que rigen la actividad de la Administración Pública provincial" y "sobre la procedencia o improcedencia de los recursos que se interpongan ante el Poder Ejecutivo contra resoluciones dictadas por las distintas dependencias administrativas, así como en los pedidos de revocatoria contra resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo".
Además, "intervenir en las licitaciones públicas con anterioridad al decreto de adjudicación del Poder Ejecutivo, dictaminando sobre el cumplimiento de los requisitos legales"; "intervenir en todo expediente en el que se gestione la prórroga del plazo de ejecución de contratos de locación de obra o de servicios, donde actúe la Provincia como persona de derecho privado; establecer si el contratista privado ha observado el estricto cumplimiento de las cláusulas contractuales o de las disposiciones legales en vigor, antes de la recepción definitiva de las obras públicas y devolución del depósito de garantía; e instruir los sumarios administrativos que el Poder Ejecutivo resuelva iniciar contra funcionarios de la Administración Provincial, con excepción de los casos contemplados por leyes especiales".
La Asesoría también se encarga de "representar en juicio a la Provincia de Buenos en todas las demandas de inconstitucionalidad que se inicien contra leyes, decretos o resoluciones provinciales, las que tramitan en instancia única ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y en todas aquellas causas en las que no se controviertan intereses fiscales", y por último, de "intervenir y contestar las demandas –pretensiones anulatorias- que promueva el Fiscal de Estado contra actos administrativos emanados de autoridades provinciales, en los términos del artículo 9º, inciso 2º del Código Contencioso Administrativo".