La semana reformista cerró con la sanción en la Cámara de Diputados, durante la madrugada de este viernes, del paquete fiscal que el gobierno de Mauricio Macri acordó con todos los gobernadores –a excepción de San Luis- el pasado 16 de noviembre y que tiene que ver con las iniciativas de Consenso y Responsabilidad Fiscal. El primer proyecto, obtuvo 145 votos a favor, 53 en contra y 20 abstenciones, mientras que el segundo consiguió 159 adhesiones, 55 rechazos y 3 abstenciones.
En lo que refiere al proyecto de Consenso Fiscal, el mismo estipula el fin de la litigiosidad entre Nación y las provincias por disputas en materia tributaria por 340.000 millones de pesos, en tanto que la provincia de Buenos Aires desiste del juicio ante la Corte Suprema por el llamado "Fondo del Conurbano", por un total de 400.000 millones de pesos. Con esto, asoma como la gran ganadora la mandataria bonaerense María Eugenia Vidal, ya que el Estado nacional compensará a la Provincia de Buenos Aires con $40.000 millones en 2018 y 65.000 millones en 2019, y además se compromete a eliminar el artículo 104 de la ley de Ganancias, que en la práctica congeló los recursos que se coparticipaban a la provincia de Buenos Aires por ese tributo.
La recompensa para los gobiernos del resto de las provincias por desistir de los juicios será un bono a 10 años por 80.000 millones de pesos.
Para esta aprobación, Cambiemos obtuvo el apoyo de Argentina Federal, en tanto que el Frente Renovador se abstuvo, y el Frente para la Victoria-PJ se opuso (con la excepción de la sanjuanina Sandra Castro y la tucumana Mirta Soraire, quienes votaron por la positiva).
Además del apoyo a la ya aprobada reforma previsional, otros puntos del pacto fiscal tenían que ver con el compromiso de las provincias para bajar "impuestos distorsivos", como Ingresos Brutos y Sellos, por 1,5% del PBI en los próximos cinco años.
El miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina, calificó el acuerdo fiscal con los mandatarios provinciales como "histórico" ya que permitía sentar las bases para "poner punto final" a la "litigiosidad entre Nación y provincias, con 56 juicios tramitados ante la Corte Suprema sin resolución.
"El consenso permite salir del mecanismo de resolver las cuestiones fiscales Nación-provincias ante a la Corte Suprema, es decir, a las piñas, por las malas, sin hablar, litigando, peleándonos en la Justicia cuando podíamos sentarnos en una mesa a resolver los problemas", destacó el diputado del PRO para celebrar: “Este es un acuerdo histórico que nos permite ponernos en una senda mucho más sustentable en materia fiscal, con una estructura tributaria mucho más alineada con el resto de los países que va a permitir sobre todo generar muchísimas oportunidades de inversión y empleo en la propias provincias".
Como contrapartida, al diputado del Frente para la Victoria-PJ Axel Kicillof le tocó fundamentar el rechazo de su bancada a la iniciativa: tras aclarar que respetaba la decisión de los gobernadores de defender sus propias finanzas, explicó que el kirchnerismo no podía acompañarla porque implicaba convalidar el "saqueo a los jubilados" comprendido en el mismo "Pacto Fiscal".
"Se ha llegado a una situación donde se trató de hacer cómplices a los gobernadores del ajuste a los jubilados. Los gobernadores establecieron una cláusula donde se decía que las jubilaciones tenían que estar siempre por encima de la inflación. Ahora nos encontramos que la ley previsional viola esa cláusula, de forma tal que, para nosotros, habiendo votado en contra del saqueo a los jubilados, es imposible ahora votar a favor de un acuerdo fiscal que no se cumple", argumentó.
Pasando al proyecto de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, la misma establece pautas de austeridad para que las provincias mantengan constante el gasto público, en sintonía con la evolución de la inflación.
Para esta aprobación, el oficialismo contó con la ayuda de Argentina Federal, mientras que el Frente Renovador votó dividido y el Frente para la Victoria se opuso, con la excepción de la diputada sanjuanina Sandra Castro y el formoseño Gustavo Fernández Patri.
El objetivo principal de la iniciativa es garantizar la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales en línea con la reducción del déficit que plantea la Casa Rosada al 3,2% del PBI en 2018 (como lo expresa el proyecto de Presupuesto) al 2,2% en 2019.
Entre el paquete de medidas, se estableció que el nivel de endeudamiento de las provincias y la Ciudad de Buenos Aies no supere en ningún ejercicio fiscal el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. Se fijó además que, en caso de incumplimiento, no puedan acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que constituya un refinanciamiento del existente.
Por otra parte, el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el Sector Público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción.
Además, durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente (con algunas excepciones).
Durante el debate, Laspina explicó que el proyecto persigue metas de "austeridad" que implican "evitar el aumento desmedido de gastos corrientes". A su turno, el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna advirtió: "Tengamos cuidado con estos pactos de hacer aparecer a las provincias como las culpables de los desequilibrios. Hoy Argentina tiene un problema de déficit y no es culpa de las provincias sino que es el Estado nacional el que tiene un déficit fenomenal".
