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El otro silencio

La crítica sotto voce del Círculo Rojo a la reforma impositiva obligó al Gobierno a un road show en busca de respaldos. La bronca contenida, con reminiscencias a los primeros años del kirchnerismo.
La crítica sotto voce del Círculo Rojo a la reforma impositiva obligó al Gobierno a un road show en busca de respaldos. La bronca contenida, con reminiscencias a los primeros años del kirchnerismo.
Por 04/11/2017 9:53

“Nos dijeron que estaba guardado bajo siete llaves y la verdad que a veces es mejor eso”, contó un alto directivo de una empresa alimenticia. Se refería a las explicaciones que el Gobierno les dio respecto de por qué no hubo consultas previas con los empresarios sobre los alcances de la flamante Reforma Impositiva, que por ahora es un borrador. Esa frase resume el momento anímico que atraviesa el Círculo Rojo, una mezcla de respaldo fuerte al oficialismo y de queja incipiente por algunas medidas de tinte económico.

La iniciativa salió de la oficina del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y fue directo a la Jefatura de Gabinete para ser pulida. Y generó cierto recelo y algo de preocupación en otras carteras, sobre todo las productivas, que son las que deberán soportar los embates y las críticas empresarias. El día posterior a la presentación de los puntos centrales en Hacienda, el establishment habló a través de operadores mediáticos. Eso y los llamados de empresarios con línea directa con Casa Rosada, alcanzó para que los ministros se percataran de que el ambiente no olía a jazmines, como muchos esperaban. Técnica armó un PowerPoint para iniciar una gira de captación de voluntades y pedido de respaldo a la cuestión impositiva. El primer destino del road show fue la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Luis Pagani (Arcor), Aldo Roggio, Cristiano Ratazzi (FIAT), Eduardo Elsztain (Hipotecario-IRSA), Marcos Galperín (Mercado Libre), Enrique Cristofani (Santander Río) y Martín Migoya (Globant), entre otros, aceptaron bancar hasta que aclare. Para el ablande estuvieron, además de Dujovne, las dos alas de Marcos Peña en el gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

 

Dujovne, en una reunión de hace unos meses con AEA, donde también explicó otras medidas de fondo. 

 

No será la última vez que visiten empresarios en los próximos días. En el Gobierno saben bien que las cámaras están trabajando el tema. El lunes próximo, la alimenticia Copal tendrá listo un trabajo para medir el impacto de la reforma. Y lo propio hará la Unión Industrial Argentina (UIA) el martes. El Círculo Rojo, que recién finalizaba su proceso de autoflagelación por el silencio corporativo durante los años del kirchnerismo, se vio de pronto en un escenario con algunos vasos comunicantes con el pasado. Algunos percibieron que el proceso de discusión democrática y diálogo sobre medidas de fondo había perecido luego del masivo apoyo que recibió Mauricio Macri en las urnas el 22 de octubre último. No les gustó, pero prefirieron la cautela y canalizar la bronca entre ellos. El día después, para mostrar voluntad, AEA emitió un comunicado lavado, con el título de “Apoyo al Proyecto de Reforma Tributaria”.

El sector financiero también cerró filas en un pacto de silencio, un compás de espera que requirió la tarea fina del ministro de Finanzas, Luis Caputo. El jueves, Macri fue agasajado en la sede de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). Justo en la semana donde la reforma impositiva planteó el gravamen a la renta financiera, no hubo hostilidades. Ernesto Allaria, titular de BYMA, respaldó el cambio que ofrece el Gobierno, intentó garantizarse la caída de la Ley del Mercado de Capitales para sacar a los directores estatales en empresas privadas y no mencionó el gravamen. Tampoco lo hizo el primer mandatario. El único que deslizó una crítica que fue apuntada en la prensa como un elogio fue el CEO del HSBC, Gabriel Martino. Aseguró que, de aplicarse, podría tener injerencia en lo que se cobra por los servicios y depósitos.

“Es un mamarracho”, deslizó a Letra P un hombre del negocio de los laboratorios sobre la reforma. Los CEOs consideran, básicamente, que el borrador carga más impuestos que los que resigna, no tiene integralidad porque apunta a reducir las cargas en casi un punto en cinco años y otro punto no menor: abre muchos frentes de tormenta a la vez. Que rompen la paz con algunos caciques provinciales que albergan algunas de las industrias más afectadas. Y que, además, son, en su mayoría, afiliados al partido de gobierno o aliados peronistas con sello anti K.

 

 

El secretismo sobre las reformas puestas en un cofre infranqueable agarró desprevenido y con la guardia baja al gobernador de Mendoza, el radical “M” Alfredo Cornejo. A la provincia casi que le cortaron el tendón de Aquiles: el gravamen a vinos y sidras que, en cinco años, pasará del 0 al 17%, fue calificado de “inadmisible”. Como entre los CEOs, con Cornejo también hubo doble juego. Hizo esa crítica y delegó el combate de fondo en su segunda en rango, la ex ministra de Economía provincial Laura Montero.

 

 

A la fueguina Rosana Bertone, que serpenteó entre el peronismo y un pseudo alineamiento con Cambiemos, le cayó como un balde de agua helada. A la principal industria provincial, la ensambladora de electrónica, le quitan los impuestos internos a celulares, televisores y monitores de PC, que pasan de 17% a 0%. El viernes por la mañana se reunió una multisectorial que incluyó a los sindicatos, comandada por la gobernadora para ajustarse los guantes. No por casualidad, no hubo presencia en esa reunión de las firmas de la isla, entre ellas Mirgor, la compañía de Nicolás “Nicky” Caputo, el mejor amigo del presidente de la Nación.

Quizás el cataclismo mayor de una reforma impositiva que cosechó críticas y pocos elogios ocurrió en la tierra de Juan Manzur. El gobernador de Tucumán, que predica el kirchnerismo sin Cristina, recibió un doble golpe. El aumento del impuesto a las bebidas alcohólicas y azucaradas, un shock a las economías regionales, y la baja de los precios del bioetanol. Sobre este último punto, había un acuerdo previo de mantenerlo hasta 2021. Todo el paquete impacta de lleno en el sector azucarero (donde reinan los Ledesma) y en la producción de alcohol de maíz. Estos contrapuntos con los gobernadores se suman a la disputa que la Nación tiene con ellos por el Fondo del Conurbano; al pedido de Macri de austeridad en la toma de decisiones. Además de la intención oficial de reducir Ingresos Brutos, un tributo que hoy recauda el interior y que supone, en algunos casos, casi el 70% de los ingresos provinciales.

 

 

Una de las pocas voces privadas que puso el grito en el cielo por la reforma fue la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol, que aglutina a firmas del tamaño de Coca Cola. Graficaron que en el mundo ha sido ineficaz este tipo de tributos para abordar temas sanitarios. Y hasta se animaron a una pequeña gran extorsión: adelantaron que, de concretarse, “un incremento impositivo de esta naturaleza pondría en riesgo alrededor de siete mil empleos en toda la cadena de valor, desde el productor agropecuario hasta el pequeño comerciante”. En el rubro se imaginan que, además de irse a precios, el impuesto redundará en menos consumo. “Estamos saliendo, de a poco”, confesó el propio Pagani, de Arcor, hace unos días en la celebración de los 75 años de Coca Cola en el país. Algo similar plantearon esta semana los directivos de Farmacity, que admitieron que el consumo está aún por debajo de 2015. Sin embargo, en ambos casos, la conclusión es que “para el país es mejor así”. Uno de los tantos dilemas en los que hoy se resume la relación del macrismo y los núcleos de poder corporativos.