El gobierno de Mauricio Macri hizo saber que desconoce el carácter vinculante de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que exige que Milagro Sala abandone, “de manera inmediata”, el penal de Alto Comedero en Jujuy, en el que la dirigente social se encuentra detenida. Con el desconocimiento de la jurisdicción del tribunal interamericano, que emitió un contundente dictamen el viernes pasado, el Estado argentino abre las puertas a intensificar el conflicto con representantes de derechos humanos y organismos internacionales, con los que lleva dos años de desencuentros.
Para el Ejecutivo, la Corte Suprema ya dejó claro que las resoluciones de la Corte IDH no son obligatorias para el Estado argentino, indicó una voz de indiscutible peso en la política exterior argentina.
La Casa Rosada se apoya en el fallo de febrero pasado emitido por el máximo tribunal argentino, que, con mayoría 4 a 1, negó facultades a la Corte IDH para revertir una condena contra los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’amico, en una decisión que significó un abrupto giro jurisprudencial y mereció un amplio repudio de juristas argentinos y extranjeros.
Con la firma de su presidente, Roberto Caldas, y otros cinco jueces, la Corte IDH requirió al Estado argentino que cese la detención carcelaria de Sala, ya sea mediante la figura de prisión domiciliaria o cualquier otra medida más beneficiosa para la imputada, con el fin de garantizar su “vida, integridad personal y salud”.
“El viernes enviamos la resolución a Jujuy y allí decidirán”, se desentienden en el Gobierno.
El tribunal interamericano “ordenó” al Estado argentino que eleve el próximo 15 de diciembre un informe “completo y detallado” sobre el cumplimiento de la sentencia, lo que deberá reiterar cada tres meses. Ante ello, en la Cancillería no dan precisiones sobre la respuesta, porque afirman depender de lo que decida la Justicia de Jujuy, a la que le atribuyen independencia de criterio.
No obstante, sectores del Gobierno nacional —cada vez menos influyentes, pero que actuaron en el pasado— siguen alertando sobre el grave problema de imagen para la Casa Rosada que supone desconocer artículos fundamentales de la Convención Americana.
En el texto firmado el viernes y difundido el lunes pasado, el tribunal con sede en San José de Costa Rica recuerda que el Estado argentino es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1984 y que ese tratado dispone, en su artículo 62, que el reconocimiento de la competencia de la Corte IDH es obligatorio.
El lenguaje áspero y los plazos perentorios esgrimidos en la sentencia son el epílogo de meses de chispazos entre el sistema interamericano de derechos humanos y el gobierno de Cambiemos.
El capítulo de Sala, detenida por “tumulto e instigación a cometer delitos” el 16 de enero del año pasado, a pocos días de la asunción de Macri en la Rosada y del radical Gerardo Morales en Jujuy, disparó una cadena de cuestionamientos al gobierno argentino por parte de organismos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, amén de entidades como Amnesty International, Human Rights Watch y Cejil. Después de su detención por el acampe en la plaza central de San Salvador, la líder de la organización Túpac Amaru recibió una retahíla de acusaciones que incluyen defraudación al Estado, tentativa de homicidio, enriquecimiento ilícito y mandar a arrojar huevazos contra Morales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una instancia previa que hace las veces de fiscal ante la Corte, emitió una cautelar el 27 de julio pasado ordenando que Sala abandonara el penal de Alto Comedero. Un mes más tarde, en cumplimiento de esa medida, la titular de Túpac Amaru fue trasladada a una vivienda en La Ciénaga, a 25 kilómetros de la capital jujeña, pero el 14 de octubre regresó al penal de mujeres en el que había estado alojada durante el primer año y medio del mandato de Macri, con el argumento de que se había negado a realizarse estudios médicos. Para la CIDH, el retorno a prisión significó el incumplimiento de la cautelar de julio, por lo que apeló ante la Corte Interamericana, que le dio la razón.
La resistencia del gobierno en el caso Sala expone una estrategia de fondo, ya que el Gobierno cree que estamentos internacionales están infiltrados por los organismos de derechos humanos argentinos, en especial, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista Horacio Verbitsky. La encendida reacción internacional en torno a la desaparición y luego muerte de Santiago Maldonado no hizo más que recrudecer la tirria del Ejecutivo de Macri.
Si bien había en el seno del Ministerio de Justicia y de la Cancillería posiciones críticas hacia el ala “vale todo” que respalda a Morales, el Gobierno terminó abroquelando posiciones en torno a lo que, todos dicen, es una política fijada por Macri. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ya no transmite objeciones, el jurista radical Leandro Despouy fue desplazado de las relaciones con organismos de derechos humanos internacionales y Jorge Faurie reemplazó a Susana Malcorra en la Cancillería.
El peronista Faurie fue el orador principal del encuentro anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) que tuvo lugar en la noche de este martes en la Rural, en el que su predecesor radical Adalberto Rodríguez Giavarini ofició de anfitrión.
Con el trasfondo de los casos Sala, Maldonado y, más recientemente, Rafael Nahuel, Faurie se refirió a los derechos humanos durante un discurso cuya larga extensión motivó disgusto en el expresidente interino Eduardo Duhalde, uno de los asistentes. El canciller celebró que se identifique a la Argentina como un país que se ha convencido de que “no puede haber violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado”.
