En una jugada que golpea el ímpetu reformista de la Casa Rosada, el peronismo decidió postergar el tratamiento de la nueva legislación laboral en el Senado, hasta que asuman los nuevos legisladores y la Cámara estrene su nueva conformación, el 10 de diciembre. La resolución fue anunciada este jueves por el presidente del bloque del PJ-Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, quien apuntó contra la CGT por la falta de unidad en el discurso y por la proliferación de versiones que trazan una comparación con el escándalo de la llamada “ley Banelco”.
“Ante la falta de cohesión y los comentarios improcedentes sobre el trámite hemos decidido postergar el tratamiento de este tema hasta la nueva composición del Senado y hasta que la CGT unifique, en una sola voz, si hay voluntad de avanzar en reformas. No queremos repetir ninguna experiencia que lesione la imagen y el prestigio del Senado, como ocurrió en otras oportunidades”, dijo Pichetto ante la prensa acreditada, luego de la reunión de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, en las que se firmaron dictámenes de la ley de reforma previsional y consenso fiscal.
Pichetto hizo eje en “la continuidad de voces diferentes y las posiciones que tienen las CGT provinciales en contra de la reforma” y puso como ejemplo a las filiales de La Pampa, Río Negro y Neuquén, que criticaron en duros términos el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Además, el titular de la bancada peronista se refirió expresamente a las declaraciones del dirigente camionero Pablo Moyano, quien había anticipado su rechazo al texto y había dicho que no permitiría “la Banelco” en el Senado, en relación al escándalo de sobornos de la reforma laboral de la Alianza.
El escándalo de las coimas había sido mencionado pocos minutos antes, por el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, durante el debate por el pacto fiscal. “Yo estuve la noche de la Banelco y voté en contra. Mi experiencia dice que con la reforma laboral hay que tener cuidado”, lanzó Rodríguez Saá, ante la mirada incómoda de los senadores.
El tratamiento de la reforma laboral había empezado a trabarse el mismo martes a la mañana, cuando el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el pampeano Daniel Lovera, advirtió que el cuerpo se tomaría todo el tiempo necesario para sacar dictamen, después de escuchar a todos los actores involucrados. Después del mediodía, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, anunció el comienzo del debate para el miércoles 22, con la presencia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la visita de los jefes de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, para el martes 28. Pero la asistencia de Triaca fue rápidamente puesta en duda por el bloque peronista y directamente suspendida a la noche.
La presencia de la CGT resultaba un tema clave para el peronismo. A principios de octubre, los integrantes del triunvirato se reunieron con los senadores del bloque que preside Pichetto y se llevaron el compromiso de que ninguna reforma laboral pasaría por el Senado “sin el acuerdo” del sindicalismo. “El bloque peronista no va a votar nada con lo que la CGT no esté de acuerdo”, aseguró ese día Daer. El bloque exigió la contrapartida: que la central sindical diga expresamente que está de acuerdo con la reforma y les pida a los senadores que la voten, tal como hicieron los gobernadores este jueves con el pacto fiscal.
Con la decisión del peronismo de postergar el tratamiento, el oficialismo ve frustrada la tercera pata del paquete de reformas clave que envió al Congreso, con el objetivo de que llegaran al recinto antes del recambio que depositará a la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner en la Cámara alta.