A un mes del cierre de las sesiones ordinarias de la Legislatura porteña y del recambio parlamentario, Horacio Rodríguez Larreta ya comunicó a sus espadas legislativas el paquete de iniciativas que quiere ver aprobadas antes de que el edificio de Perú 130 baje las persianas para el receso estival.
En concreto, para el ingreso de los nuevos diputados porteños falta menos de un mes: el 10 de diciembre jurarán los 30 ediles electos y cinco días después culmina el período ordinario del año corriente, que se inició el 1 de marzo con la inauguración formal del jefe de Gobierno.
En el puesto número uno, como todos los años, se ubica el Presupuesto 2018, que por estas horas está en boga producto de las rondas en las que los ministros y secretarios de Gobierno desfilan por el Poder Legislativo para explicar cómo piensan ejecutar sus partidas y qué medidas tomarán durante el año próximo.
El ejercicio 2018 estima un cálculo de gastos y recursos por $222.383 millones y tiene como punto clave la búsqueda por reducir el tributo a los Ingresos Brutos, tal cual plantea el gobierno nacional con la Reforma Fiscal. Junto a la ley de leyes, se debe votar la normativa tarifaria y la fiscal, corazón del sistema recaudatorio del gobierno de Larreta.
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A principios del mes de noviembre, ingresó en el Parlamento un proyecto redactado por el Ejecutivo para habilitar la concesión del sistema de bicicletas, que hoy administra el Gobierno. En rigor, el texto se redactó en las oficinas de la Secretaría de Transporte, que conduce Juan José “Juanjo” Méndez, y tiene como objetivo llamar a licitación pública por un plazo máximo de 12 años para la prestación integral, modernización, operación, mantenimiento y explotación del Sistema de Transporte Público en Bicicleta. De acuerdo al expediente, el concesionario deberá hacerse cargo de las bicis, las estaciones de distribución y estacionamiento, la señalización y los centros de información y atención.
El Gobierno también avanzará con una ley de autoprotección que estructura el sistema de plan de evacuación y simulacro de incendios para comercios y oficinas públicas. A nivel obras, el Ejecutivo envió proyectos de ley para apertura de calles y expropiación de edificios y terrenos involucrados en la traza de viaductos ferroviarios, que Larreta quiere ver terminados en su totalidad (al menos los de la zona norte) para 2019.
La semana pasada, desde la gobernación porteña llegó al Parlamento un proyecto para dar en concesión todos los espacios conocidos como “bajo autopistas” que comprenden la traza de la AU 25 de Mayo desde Autopista Perito Moreno hasta Buenos Aires – La Plata. El objetivo es fomentar la instalación de comercios y oficinas mediante concesiones a 30 años.
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Además, la Ciudad busca concesionar también por 30 años los edificios instalados dentro de Zoológico porteño, ubicado en Palermo, con el fin de financiar “el proceso de transformación progresiva del Jardín Zoológico”, según se indica en el texto presentado.
También, en el proyecto se aclara que “las actividades que se realicen en el marco de las concesiones otorgadas tendrán por objeto propuestas educativas, recreativas y de concientización en materia de conservación y preservación del ambiente, servicios y propuestas complementarias que mejoren la experiencia del visitante”.
Una ley que traerá polémica es la titulada por el alcalde como iniciativa para “combatir las cajas negras” de los consorcios, tal cual la presentó semanas atrás, tras el lanzamiento del Consorcio Participativo.
Durante los últimos días, desde el despacho de Larreta, ubicado en la calle Uspallata 3160, viajó hacia la Legislatura una decena de proyectos requeridos para antes del cierre parlamentario. Uno de ellos trata específicamente sobre ese edificio, estrenado por Mauricio Macri en 2015, que aún no ha terminado de pagarse. Por esa razón, el Gobierno pide a la Legislatura permiso para declarar “innecesarios” dos edificios ubicados en las calles Viamonte y Esmeralda y luego venderlos para pagar el inmueble ubicado en Parque Patricios y destinar parte del producido de esa enajenación para otras obras de infraestructura.
Por otra parte, se avanzará con una normativa para estructurar la responsabilidad de las empresas ante rotura de veredas y las multas que deben abonar por esta situación.
A todo este paquete se le deben sumar algunas leyes de doble lectura que ya pasaron la instancia de audiencia pública, como un convenio entre la Ciudad y la Nación que le permitirá disponer a Larreta de terrenos en el barrio de La Boca (Comuna 4), para destinarlos a edificación y creación de espacios públicos. Envuelto en una polémica porque se le quitaría terreno al club Darling de ese barrio, la normativa conocida como Catalinas Sur II se aprobaría definitivamente antes del cierre parlamentario. Lo mismo con el proyecto conocido como Tiro Federal, donde la Ciudad edificará nuevas instalaciones a orillas del Río de la Plata y otorgará su usufructo por 75 años a la asociación civil del Tiro Federal, que mantendrá la tradicional sede social y tres hectáreas de su predio original. Deberá pasar por audiencia pública antes de la aprobación definitiva de la ley.
El Tiro Federal Argentino, que desde el año 1867 funciona en un amplio predio frente al estadio del Club River Plate, será trasladado a terrenos ribereños del mismo barrio de Nuñez, según quedó establecido mediante ley aprobada en primera lectura por iniciativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno porteño presentó a fines de 2016 una ley para establecer un Código Electoral en la Ciudad de Buenos Aires, pero jamás se pudo tratar durante el año corriente. Oficialismo y oposición coinciden en que ese debate fue imposible producto de la campaña electoral. Sin embargo, el Ministerio de Gobierno tiene pensado girar la iniciativa al Parlamento nuevamente en el mes de marzo, aunque se prevén algunas modificaciones al texto original.