Efecto Carrió

El abogado de un represor pidió la detención del ex juez Rozanski

Se trata de Juan Losinno, defensor de un condenado por delitos de lesa humanidad. El detenido fue sentenciado por el magistrado al que le pidieron la detención por "prevaricato agravado".

A menos de 24 horas de conocidos los dichos de la diputada nacional Elisa Carrió, quien dijo que hay militares condenados sin pruebas por delitos de lesa humanidad, el abogado platense Juan José Losinno pidió la detención del ex juez federal Carlos Rozanski, quien condenó a la mayoría de los acusados que juzgó por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.

 

Una de las pruebas de cargo que aportó el letrado son una serie de fotografías del ex magistrado junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto y la renunciante procuradora general, Alejandra Gils Carbó, según se desprende del escrito al que accedió Letra P.

 

Rozanski es considerado uno de los jueces “K” por excelencia. Su perfil de “duro” con los represores lo encaramó como uno de los funcionarios judiciales predilectos de la Casa Rosada y organizaciones de DD.HH durante la gestión kirchnerista del Estado. Recibió varias denuncias por su accionar como juez y ninguna prosperó.

 

Juan José Losinno, abogado de Claudio Grande (sentenciado en la causa “La Cacha”), mantiene desde la realización del juicio oral en La Plata una disputa legal con el magistrado, al que denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

 

En esta nueva denuncia en el fuero federal de La Plata, Losinno pide que se investigue la conducta "parcial" de Rozanski por su presunta "simpatía" con los querellantes en el juicio oral denominado "La Cacha", que se desarrolló en la capital bonaerense. Puntualmente, lo acusa de los delitos de "prevaricato, abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público".

 

Losinno sostiene en su denuncia que Rozanski debía haberse excusado de juzgar a los acusados por delitos de lesa humanidad, toda vez que los querellantes hayan sido personas cercanas a los afectos sociales del magistrado.

 

 

 

En la denuncia, el letrado recordó que Ronzaski denunció al juez Héctor Isaurralde en tanto no se excusó de intervenir como magistrado en la causa conocida como Unidad 9 dada su condición de defensor de presos políticos allí alojados, lo que –a criterio de Rozanski- constituía un "delito y/o falta que justificaba la intervención del Consejo (de la Magistratura)". Pasando en limpio, Rozanski denunció a Isaurralde por no excusarse.

 

Según el denunciante, el ex juez cometió "prevaricato (...) por haber dictado sentencia condenatoria en favor de las partes acusadoras, con quienes mantenía y mantiene una manifiesta relación de amistad". Rozanski "eligió escribir una sentencia de cientos de páginas para favorecer a sus amigos".

 

En la sentencia, Rozanski y Pablo Jantus condenaron a Grande a 13 años de cárcel por ser "partícipes secundarios" de los delitos endilgados y no por ser "coautores" como había solicitado la fiscalía y la mayoría de las querellas.

 

EL JUICIO. Durante ese debate, el letrado defendió al hoy condenado médico veterinario Claudio Raúl Grande, quien, según testimonios de sobrevivientes del ex centro clandestino de detención, era el agente apodado "Pablo".

 

Pero la defensa sostiene que se trata de un error y que el verdadero "Pablo" es Estanislao Chiara Vieyra, ex agente de la SIDE y, siempre según esa parte, ligado al ex jefe del ejército César Milani, hoy detenido también por delitos de lesa humanidad.

 

El planteo de la defensa fue realizado durante la instrucción. Lo repitió y amplió con datos e indicios durante el juicio oral. Su postura fue avalada por el juez Pablo Vega quien, en minoría, votó por la absolución.

 

Durante la instrucción, el defensor Losinno solicitó reconocimientos fotográficos entre su asistido y Chiara Vieyra. Pero la medida de prueba solicitada nunca se llevó a cabo en esa instancia. Sí se ejecutó durante el debate y hubo testigos que señalaron a Chiara Vieyra. Otros, a Grande. La presentación de la defensa fue acompañada por fotografías de ambas personas, en las que sobresale en parecido en cuanto a rostro y físico.

 

La versión Losinno indica que el legajo de Chiara Vieyra habría sido ocultado por sus contactos con llegada a César Milani. Y nombró el perfil de la red social para profesionales Linkedin de la hija de Chiara Vieyra. Según el abogado, la hija fue secretaria privada del ex Jefe del Estado Mayor Conjunto de Fuerzas Armadas, Luis María Carena.

 

Losinno denunció a Carena por el presunto encubrimiento de "Pablo". La denuncia fue formulada ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de la capital bonaerense. Nunca prosperó.

 

 

LA CACHA 
Funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.
En los 9 meses de audiencias del juicio en el que prestaron declaración más de 130 testigos, se investigaron los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en ese centro y cuatro homicidios conexos.
Entre los casos que se investigaron están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el homicidio y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, ex embajador argentino en España.
Además, se juzgó la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.
El centro clandestino funcionó en las instalaciones de la vieja antena transmisora de la Radio Provincia de Buenos Aires, aledaña a las Unidades 1 y 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre las calles 191, 196, 47 y 52, en la localidad de Lisandro Olmos, en las afueras de La Plata.
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