La gobernadora María Eugenia Vidal vetó la norma que delimitaba las condiciones por las que AySA tomaría bajo su ala a los trabajadores de ABSA en los ocho distritos del conurbano bonaerense donde se efectuó el traspaso del servicio. Esta iniciativa sancionada en la Legislatura por unanimidad el 21 de diciembre pasado, garantizaba la continuidad laboral de estos empleados a la vez que aseguraba la representatividad gremial al Sindicato Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (SOSBA). En este último punto es donde, para las autoridades del gremio sanitarista bonaerense, radica la razón del veto.
“Nos afecta de una manera directa porque nos traslada casi 500 afiliados a otro sindicato y otra empresa que no tiene relación con nuestro gremio”, señaló a Letra P el secretario Adjunto de SOSBA, Guillermo Amorebieta y Vera, aludiendo al traspaso de estos empleados al Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), conducido por José Luis Lingeri, de aceitado vínculo con el presidente Mauricio Macri.
Al alertar sobre la generación de un “conflicto de jurisdicción”, Amorebieta subrayó: “Somos el sindicato de la provincia y el otro tiene la región de la Capital, de manera que estamos frente a un conflicto promovido por una ley mal sancionada, la 14.830 (Traspaso de distritos de ABSA a la órbita de AySA), que fue sancionada entre gallos y medianoche con supuesto objetivo de inversiones por parte del Gobierno nacional en el área metropolitana sur. Pero pasó un año de gobierno y no se hizo nada de lo previsto para la provincia”.
Cabe recordar que en abril del pasado año el Gobierno nacional avanzó con el traspaso a la prestataria Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) de distritos que han denunciado la mala prestación del servicio de agua y cloacas extendida por ABSA, que está bajo la órbita bonaerense. En principio, los municipios involucrados en el convenio fueron Escobar, Malvinas Argentinas, Pilar, Florencio Varela, San Miguel, General Rodríguez y Luján. En tanto, José C. Paz se sumó en diciembre pasado.
Bajo este escenario, el secretario Adjunto de SOSBA afirmó: “Vamos a continuar con el planteo jurídico y estamos hablando con el Gobierno para hacerle entender que cometieron un a injusticia con los trabajadores y que están creando un conflicto de jurisdicción”
Sobre las razones del veto, Amorebieta estimó: “Hay un interés empresarial en el manejo de la obra”, al aludir a los 25 mil millones de pesos que la Nación giró a la Provincia en concepto de parte de compensación por el tope del Fondo del Conurbano.
Por su parte, el secretario General de SOSBA, Julio Castro, remarcó a este medio: “No lo entendemos, esto fue votado por unanimidad”, aunque descomprimió al ser consultado sobre la garantía de continuidad laboral que contemplaba la norma vetada: “Nos dijeron que la continuidad de los trabajadores está garantizada, que nos van a respetar todo lo referente a los trabajadores”. “El veto no viene por la estabilidad laboral, viene por otro carril”, observó en línea con lo advertido por Amorebieta.
Tras remarcar que en su gremio están “abiertos al dialogo”, con el Ejecutivo bonaerense, Castro recordó que “la situación del saneamiento es muy crítica en la provincia” y que, ante ese panorama, el sindicato que conduce no prevé “agravar la situación con ningún tipo de conflicto”.
Por lo tanto, se centró en la necesidad de inversiones para revertir la falta de agua en diversos puntos del territorio bonaerense: “Queremos que lleguen las grandes inversiones que se necesitan”, proceso que, advirtió, viene “muy lento”. “Son procesos que llevan su tiempo pero queremos empezar a solucionarlo”, sostuvo el referente gremial para detallar que SOSBA diseñó junto a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) un Plan Estratégico de Agua Potable para toda la provincia. “Todos los días enviamos notas, es un tema que se necesita inversión, que es con lo que hoy la Provincia no cuenta”, señaló para solicitar que reciente asistencia millonaria de Macri a Vidal “sea utilizada para obras de agua y cloacas”.
LA LEY Y EL VETO. La norma vetada modificaba el artículo 2° de la Ley 14.830 y detallaba: “Regirá para todo el personal dependiente de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), que quede comprometido en la cesión o traspaso de los servicios dispuestos por la presente Ley, a la órbita de Aguas y Saneamientos Argentino (AYSA), lo dispuesto por la normativa vigente en cuanto a la transferencia de establecimiento, debiendo el nuevo empleador garantizar la estabilidad laboral de los empleados, así como su pertenencia sindical al momento de la transferencia”. Asimismo, dejaba sentado que “AYSA deberá establecer con la organización representativa gremial (S.O.S.B.A.) el programa de prioridad participativa otorgado a los trabajadores con derecho”.
Y puntualizaba: “Respecto al personal transferido que proceda de los planes de la ex Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, no podrá alterarse en perjuicio de los mismos los derechos adquiridos a través de las distintas normativas dictadas a tal efecto”.
En el Decreto 13 de la Jefatura de Gabinete, firmado por Federico Salvai y María Eugenia Vidal, se establece que el Ministerio de Infraestructura requirió el veto "atento que resulta ser inconveniente a los fines y objetivos del Acuerdo Marco oportunamente celebrado".
Y fundamentó: "La Legislatura Provincial carece de atribuciones constitucionales para practicar unilateralmente modificaciones a un acuerdo con la Nación. Por lo que la Legislatura sólo puede manifestarse a favor o en contra, conforme el artículo 103 de la Constitución Provincial".
Asimismo, se resaltó que el Ministerio de Trabajo se expidió sobre el tema "explicando que es competencia originaria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación garantizar la libertad sindical prevista en la Ley 23.551".
Aquí, se ahondó: La normativa en estudio establece disposiciones que colisionan con la citada Ley Nacional, conforme lo previsto en el artículo 31 de la Carta Magna, respecto a la jerarquía normativa por lo cual la legislación provincial no puede contrarrestar lo establecido por una ley nacional".
