La publicación, el viernes pasado, de un decreto presidencial que le quitó a Télam la exclusividad en el proceso creativo de las campañas de publicidad oficial logró algo impensado en los últimos años: una reacción simultánea y coincidente de las dos representaciones gremiales con presencia en la agencia oficial de noticias.
Tras la publicación del decreto 978/2016, el Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren), gremio moyanista con personería gremial y presencia mayoritaria en el área de administración, y las Comisión Gremial del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), fuerte en el sector periodístico, pusieron el grito en el cielo por lo que evalúan como el vaciamiento de la administración de la publicidad oficial, hoy en manos de esta sociedad del Estado.
Pese a contar con una buena relación con el Directorio de la agencia, dirigentes del Sipreba se mostraron molestos porque ningún funcionario les anticipó, en una reunión realizada 48 horas antes, la salida y el alcance del decreto. La organización, nacida hace dos años frente al descontento creciente de los periodistas con la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba), emitió un duro comunicado en el que consideró que la apertura del desarrollo de la pauta a otros organismos y consultoras privadas "expresa una antigua pretensión del capital privado: la de intervenir en la gestión de la publicidad de los organismos públicos". Además, advirtió que los posibles afectados "serán acompañados por la solidaridad y la lucha de esta representación y toda la planta de la empresa si se alteran sus condiciones laborales y profesionales", en referencia a eventuales despidos.
El malestar gremial provocó que el Directorio respondiera de urgencia. Sostuvo que el decreto "no pone en peligro la función ni las fuentes de trabajo de quienes se encargan de la publicidad ni de ninguna otra área dentro de nuestra empresa".
La disyuntiva que por estas horas atraviesa a ambos gremios es si el Directorio de Télam, con Rodolfo Pousá a la cabeza, es parte de la discusión sobre el rumbo del medio o si sus miembros son meros administradores de las decisiones tomadas por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre todo cuando, en julio, el coordinador de Políticas Públicas, Hernán Iglesias Illia (colaborador directo del ministro coordinador), aseguró públicamente que "Télam no es parte de la política comunicacional del Gobierno".
UN LARGO TRECHO. Desde que reasumió la presidencia, cargo que ya había ocupado durante el gobierno de la Alianza, cuando intentó cerrar la agencia, Pousá ha pregonado, en todas las entrevistas, que su objetivo de gestión es "convertir a Télam en una agencia internacional". Sin embargo, los hechos contrastan con las palabras. Para muestra, un botón: la gerencia de noticias no envió a ningún cronista a cubrir la Cumbre del G20 en Hangzhou, China, donde participó el presidente Mauricio Macri.
Tampoco la agencia cubrió las actividades oficiales del bicentenario de la Independencia. La idea original era enviar un equipo de cuatro cronistas de las secciones Política y Sociedad para reforzar el trabajo de la corresponsalía de Tucumán. Los planes oficiales se vieron frustrados porque nadie reparó en que había que reservar alojamiento y, cuando quisieron hacerlo, ya no había lugar en ningún hotel de la capital provincial.
La posibilidad de internacionalizar la agencia de la que habla Pousá choca de frente, además, con una realidad en la que las secciones Mundo y América Latina no pueden acceder a los servicios de las principales agencias del mundo, como AP, Reuters o AFP, ya que las autoridades opinan que el servicio es demasiado oneroso para los números de Télam. Pero la gerencia tampoco busca firmar acuerdos comerciales con otras agencias públicas y con las que ya existen convenios de colaboración, como el caso de la china Xinhua, no se realiza la adecuación tecnológica que permita el intercambio de contenidos.