El sinceramiento

Ordenan a la Provincia reprogramar la audiencia pública por el tarifazo de luz

Así lo dispuso el juez Arias. También, exige celebrar nuevas audiencias en cada delegación regional del OCEBA y brindar toda la información necesaria vinculada a las prestatarias.

El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luís Federico Arias, ordenó al gobierno de María Eugenia Vidal y al Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) a reprogramar la audiencia pública prevista en el estadio mundialista de Mar del Plata para el 28 de este mes y a que, dentro del plazo de cinco días hábiles, convoquen a la realización de una audiencia pública en cada delegación regional del OCEBA. Así, el magistrado hizo lugar a la presentación realizada por la Asociación Civil Centro de Estudios Para la Promoción y el Desarrollo Sustentable (CEPRODES) y a la que se sumó la Asociación para la Defensa, Educación, e Información de los Consumidores con el objeto de obtener la declaración de nulidad de dicha convocatoria

 

Asimismo, la medida cautelar ordena brindar toda la información necesaria vinculada a la situación contable y financiera de las empresas prestatarias del servicio público. En especial, sus balances, gastos corrientes, planes de inversión, percepción de subsidios del Estado, tarifas e incidencia de los costos “y todo otro dato de interés que resulte idóneo a la hora de ponderar la legitimidad y razonabilidad del incremento tarifario propuesto, por los medios que estimen más eficaces, debiendo garantizar como mínimo que toda la información se encuentre disponible en el sitio web que consideren pertinente”.

 

En la presentación realizada por las entidades defensoras de los usuarios se remarcó que el Ministerio de Infraestructura bonaerense, a través de la Resolución N° 22/16, aprobó los valores del cuadro tarifario de EDELAP S.A., EDEN S.A, EDES S.A y EDEA S.A., y los valores del cuadro tarifario de referencia del Área Atlántica, Norte y Sur, sin haberse dado la necesaria participación de los usuarios, “vulnerando el derecho a la información adecuada y veraz, con carácter previo a la toma de decisiones”.

 

En la misma línea, remarcan que, con la audiencia pública a celebrarse el 28 de julio a las 11 hs. en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, surgen “una serie de inconvenientes que dificultan el acceso, dado que se trata de una sola convocatoria destinada a todos los usuarios e interesados en el ámbito de concesión de las grandes empresas eléctricas, como así también de las numerosas cooperativas y concesionarias municipales, todo lo cual deviene en un entramado ineficaz y desalentador para los interesados en participar de la convocatoria”.

 

De esta forma, recalcaron que la citada audiencia pública, reviste “un grado de improvisación y urgencia del OCEBA, con la evidente finalidad de convalidar el aumento tarifario efectuado en forma inconsulta”, mientras que “resulta injustificado y arbitrario el requisito formal de concurrir a la ciudad de La Plata para la revalidación de la inscripción previa (realizada vía web), debido a la distancia de la sede con los distintos partidos de la provincia”.

 

Ante eso, el juez Arias hizo lugar al pedido de audiencias públicas a desarrollarse en cada una de las ciudades donde el OCEBA tiene sus sedes regionales, es decir: Sede Central de La Plata; Delegación Mar del Plata; Delegación San Nicolás y Delegación Bahía Blanca, “para facilitar el acceso y la participación de un modo más democrático”.

 

FUNDAMENTOS Y JURISPRUDENCIA. En sintonía con el planteo de los demandantes, Arias focalizó “en la irrazonabilidad de la realización de una única audiencia pública con la finalidad de informar los fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos de los valores de los cuadros tarifarios ya aprobados”, ya que este acto “es precedido de un contexto de ausencia de información adecuada y veraz de los principales aspectos que allí se tratarán”.

 

“Cumplir a regañadientes una decisión judicial vigente no parece el mejor camino para garantizar el derecho a la participación e información ciudadana”, añadió para observar que “se aprecia una actitud que sólo viene a convalidar una decisión ya adoptada, dado que la convocatoria a la audiencia pública pareciera intentarse como un modo de sanear un vicio preexistente”.

 

Para reforzar su medida, Arias citó el fallo de la Corte Suprema del 30 de octubre de 2006 (que contó con el voto favorable de su actual titular Ricardo Lorenzetti) que remarca: “No puede desconocerse que la audiencia pública comporta un mecanismo de debate sobre diversos aspectos de la prestación de un servicio público y permite la democratización de las decisiones, formar consenso acerca de ellas y dar transparencia a los procedimientos, ya que en ella participan los usuarios, sus representantes y otros sujetos involucrados”.

 

Además, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata cuestionó que la fecha fijada para la audiencia pública en el estadio mundialista marplatense (28 de julio) “no satisface los mentados objetivos” al ser “en período de receso invernal”. “El acto público debe llevarse a cabo no solo en el lugar, sino en el tiempo adecuado para garantizar el acceso de todo interesado en participar del evento. En función de lo expresado, resulta plausible ordenar el cambio de fecha para que no coincida con ningún feriado, y se entregue la información respectiva con antelación suficiente, de modo que los usuarios puedan participar con elementos de análisis suficientes”.

 

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