"Te advierto que yo no estoy para cuidar a terceros, acá en cualquier momento se escapa un tiro". Con esas palabras, el dirigente Nicolás Fuentes -mano derecha de Enrique Omar Suárez en Corrientes-, amenazó a la diputada nacional Gladys González en aquella provincia, en el marco del armado de una mesa de diálogo para preparar las elecciones en el SOMU. Se presentará una denuncia formal este lunes al juez que lleva adelante la intervención, Canicoba Corral.
Gladys González -que gestiona la intervención del sindicato- viajó a la provincia de Corrientes a armar una mesa de diálogo, a la que se había comprometido a participar Fuentes, para ir armando en conjunto los preparativos de lo que estiman serán unas elecciones de manera transparente.
En la previa, el dirigente y mano derecha del Caballo Suárez -el sindicalista "favorito" de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, catalogado así por ella misma- se había comprometido a aportar todo lo necesario para llevar adelante la cuestión del reordenamiento del gremio, la intervención y las futuras elecciones. Pero no fue así: se atrincheró en la sede de aquella provincia. Hoy, ese lugar está usurpado y tomado.
Según comentaron allegados a la diputada, en todas estas reuniones hubo un claro clima de amedrentamiento a González y los dos abogados. Es más, durante su estadía, fue perseguida y vigilada de cerca por autos, con gente que le sacaba fotos a ella y a sus colaboradores, encargados de empezar a trabajar en la mesa de diálogo.
Hasta ahí, según pudo saber Letra P, se trató practicamente de algo "normal" en el marco de esta situación, porque la diputada viene siendo apercibida regularmente por gente cercana al SOMU. Pero en esta visita a Corrientes se pasó el límite. Según relatan, el momento más crítico fue cuando Fuentes directamente les dijo: "Te advierto que yo no estoy para cuidar a terceros, acá en cualquier momento se escapa un tiro".
Por eso, González le presentará la respectiva denuncia este lunes a Rodolfo Canicoba Corral, juez federal que lleva adelante la intervención y que investiga a Suárez y toda la cúpula del gremio por bloquear los puertos, extorsionar a los empresarios y toda una serie de maniobras presuntamente ilícitas.
En los últimos días, la diputada del PRO detectó “exorbitantes sobreprecios” y “ausencia total de procedimientos” de contratación en el SOMU. Presentó el informe correspondiente a la tarea que viene desarrollando desde mediados de febrero, como cabeza de la comisión interventora de aquel gremio. “En el SOMU se encuentran registrados 73 automóviles en los estados contables, de los cuales se han podido ubicar físicamente 41, quedando un total de 32 automóviles de los cuales se desconoce el paradero y su estado”, detalla uno de los puntos.
Además, la auditoría concluyó que “no existía un procedimiento de compras y contrataciones, las mismas eran aprobadas directamente por el ex Secretario Tesorero”, quien las determinaba “a discreción” y señaló, a modo de ejemplo, un sobreprecio facturado al sindicato por un millón de pesos para la compra de mochilas y kits escolares.
Según el informe, desde la administración de la Comisión Interventora Judicial, el sindicato “ha generado un ahorro de $ 3.072.840 mensual para su operatoria habitual, y un ahorro de $ 4.687.477,14 por errores en certificaciones de obras”.
