Con el justificativo de lograr “una eficiente y eficaz descentralización administrativa que permita al titular del Poder Ejecutivo la plena atención de los asuntos que así lo requieran”, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, decidió delegar una pesada mochila de responsabilidades a sus ministros. El Decreto 230 publicado hoy en el Boletín Oficial plantea “la conveniencia de ampliar los alcances de las delegaciones” a los funcionarios con facultades que van desde el cese de personal, pasando por la compra de vehículos, hasta el otorgamiento de permisos para atravesar cursos de agua con instalaciones o para el vuelco de efluentes industriales.
En este sentido, se argumenta en el texto firmado por Vidal y todos sus ministros: “La dinámica actual impuesta por el Poder Ejecutivo a su gestión de Gobierno, torna imprescindible ampliar y uniformar la normativa provincial en materia de delegación contemplada en diversas normas vigentes. Se estima oportuno derogar la normativa vigente y propiciar un nuevo régimen unificado para la materia”.
Así, se delega a ministros, secretarios, titulares de organismos y al Asesor General de Gobierno, según las respectivas esferas de su competencia, el ejercicio de facultades como aprobar convenios de avenimiento que tengan por objeto la adquisición del dominio, la ocupación temporaria de inmuebles, fijar el precio de venta y la forma de pago de los inmuebles afectados al régimen de colonización, conceder prórrogas y aceptar amortizaciones extraordinarias, disponer adjudicaciones, su transferencia y extinción.
Además, Vidal se desentiende de las siguientes facultades: “Resolver reclamos de actualización de deuda por desvalorización monetaria y reconocimiento de intereses; incorporar al patrimonio fiscal vehículos automotores y gestionar los trámites inherentes a la modificación de datos censales de aquéllos”, como así también “otorgar concesiones provinciales para servicios de Transporte Público de Pasajeros, y autorizar la extensión, ramificación, desdoblamiento o modificación de recorridos autorizados, exclusión de tráficos, diferencias tarifarias y aumento del parque móvil que excedan el máximo fijado en la Ley de Transporte Público de Pasajeros”.
En la misma línea, los ministros tendrán ahora la potestad de autorizar la cesión, fusión, negociación o transferencia de la titularidad de servicios públicos de autotransporte de pasajeros y otorgar permisos precarios para atravesar cursos de agua con instalaciones de empresas de servicios públicos u otorgar permisos para producir el vuelco de efluentes provenientes de establecimientos industriales.
También, autorizar transferencias sin cargo de bienes muebles o semovientes al Estado Nacional, a los Municipios o entre las distintas Reparticiones de la Provincia, “cualquiera sea su valor y estén o no en desuso”.
Por otro lado, los ministros estarán facultados para “designar agentes comprendidos en la Ley N° 10.430 y en otros regímenes estatutarios especiales” como también “disponer los ceses de personal excluidos los del personal de planta permanente sin estabilidad y los supuestos de pasividad anticipada y retiro voluntario; disponer la conversión de exoneración en cesantía; prorrogar plazos para la conclusión de sumarios administrativos, ampliar suspensiones preventivas y disponibilidades relativas” y “suspender la aplicación de sanciones expulsivas cuando medie recurso contra ellas”.
El Decreto estipula a su vez que Vidal descentraliza el otorgamiento de licencias o permisos, “con o sin goce de haberes, por el tiempo máximo legal previsto” al tiempo que también la asignación de becas la disposición de ascensos, cambios de agrupamiento, reubicaciones y traslados de agentes dentro de cada jurisdicción y el acuerdo de bonificaciones especiales o adicionales, entre otras.
