Política

El quiebre del FPV es clave para legitimar los decretos de Macri

La fractura del peronismo en Diputados incrementa las chances de ratificar los DNU del Presidente, ante las trabas que aún mantienen en el Senado. La presión a los gobernadores.

La fractura del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) cotiza como una de las victorias políticas más importantes del presidente, Mauricio Macri. No sólo porque con ese quiebre se derrumba uno de los dos bastiones de poder real que le quedaban al kirchnerismo, junto con el Senado, sino porque deja al oficialismo en posición una posición cómoda para quedarse con las comisiones más importantes y en el reparto de cargos que se ejecutan de acuerdo a las mayorías parlamentarias. Pero, sobre todo, porque con algunos acuerdos el Gobierno nacional tendría luz verde para la ola de decretos con los que viene gestionando, hasta aquí, el Poder Ejecutivo.

 

Con la partida de 15 diputados al nuevo bloque Justicialista, el FPV se quedó con un total de 80 legisladores propios en la Cámara baja. “El bloque sigue siendo primera minoría, den el número que den, porque se cuenta por bloques y no por alianzas. El radicalismo tiene 43 diputados y el Pro tiene 42”, intentó tranquilizar el presidente de la bancada, Héctor Recalde. Aunque ese cálculo conducirá a un solo camino: la judicialización. ¿Por qué? El oficialismo ya dio muestras de que habilitará las alianzas circunstanciales para contabilizar mayorías a la hora de repartir cargos. El caso más elocuente es el del diputado Pablo Tonelli (PRO), quien se quedó con una vacante en el Consejo de la Magistratura luego que el interbloque Cambiemos consiguiera la adhesión de 112 diputados, cuando el FPV la reclamaba como propia.

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, fue quien permitió aplicar la lógica de las mayorías acordadas para el reparto de cargos que, por ley, se deben ceñir a la integración de ambas cámaras del Congreso. Y todo hace pensar que esa lógica es la que seguirán utilizando de aquí en adelante. Más ahora, luego de conseguir un acuerdo con ocho diputados, cuatro ex miembros del Frente Renovador y cuatro puntanos que responden a los Rodríguez Saá, quienes sellaron con Monzó, miembro de la mesa chica que toma las decisiones políticas del Gobierno, un acuerdo para asegurarle a la alianza conservadora Cambiemos su presencia en las sesiones en que el oficialismo requiera quórum.

 

Esta nueva integración de la Cámara de Diputados fue muy celebrada en Casa Rosada. Sobre todo, a la hora de eludir trabas a los principales decretos firmados por Macri desde que llegó al poder. La ley que regula a los DNU como herramientas de gestión, elevada al Congreso por el ex presidente Néstor Kirchner y sancionada en julio de 2006, establece en su artículo 24 que sólo “el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto” implicará “su derogación”. En otras palabras: con que una sola de las dos cámaras apruebe los decretos quedarán firmes.

 

Son varios y ruidosos los decretos que requieren el OK del Congreso. Desde el que extinguió a organismos como la AFSCA o la AFTIC o completó las vacantes en la Corte Suprema con dos jueces nombrados en comisión, a la declaración de la Emergencia de Seguridad o las reformas a las leyes de Medios o de Coparticipación. Estos se reparten entre decretos simples y DNU, aunque todos requieren el OK parlamentario para quedar firmes.

 

HOLDOUTS. Tiempo atrás, Letra P informó sobre cómo en el macrismo se entusiasmaban con aprovechar la interna peronista para sumar voluntades a la hora de avanzar en medidas que necesitan sí o sí de la intervención parlamentaria. La más urgente, si se sigue progresando en las negociaciones, es la derogación de la ley que impide ofrecer a los fondos buitre y los holdouts mejores condiciones de pago que las que aceptaron los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.

 

Justamente, el quiebre que esperaban en el macrismo es el que se dio: la escisión del FPV, sello histórico desde el acceso al poder del matrimonio Kirchner, de los diputados que responden a los gobiernos provinciales. Lo que estiman es que con este grupo de 18 legisladores del bloque Justicialista –los 15 que abandonaron el FPV más el ex massista Alberto Roberti y los pampeanos Gustavo Fernández Mendía y Sergio Ziliotto, que responden al gobernador Carlos Verna- será fácil negociar su apoyo para voltear la ley que reemplazó a la Ley Cerrojo, porque los gobiernos provinciales necesitan acceder a los mercados internacionales de crédito para engordar sus arcas. Y que, para obtener mejores tasas, el acuerdo con los holdouts será crucial.

 

Esta será un arma muy importante a la hora de la relación del Gobierno con los gobernadores peronistas, ya que ninguna provincia puede tomar deuda en el exterior sin la aprobación del Poder Ejecutivo nacional.

 

NÚMEROS. En los próximos días arrancará en el Congreso, además, una puja bianual: la integración de las comisiones. Si bien el cambio del escenario numérico en la Cámara de Diputados no sacudirá mucho el amperímetro en este sentido, ya que las bancas en esos cuerpos se reparten de acuerdo a la composición del pleno de la Cámara, seguramente desatará tensas peleas por las presidencias. Desde el oficialismo ya avisaron que buscarán quedarse con la conducción de las más importantes. Pero la relación con el kirchnerismo está en su peor momento –más después de la guerra de los despachos y de otros gestos, como bajar el cuadro de Néstor Kirchner en Casa de Gobierno- y nadie espera una negociación sencilla.

 

De acuerdo al nuevo armado de la Cámara baja, el FPV sigue siendo el bloque más numeroso, con 80 diputados. Por detrás llega PRO, con 41 –que tiene monobloquistas muy cercanos, como los salteños Guillermo Durand Cornejo y Alfredo Olmedo o el misionero Alex Ziegler- y la UCR con 40, aunque el radicalismo juega en tándem con los tres legisladores del Frente Cívico de Catamarca. A ellos se suman cinco legisladores de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió. Lo que deja al interbloque Cambiemos más aliados en 89.

 

Si a estos 89 se suman los ocho aliados –por ahora, sólo para el quórum- que Monzó consiguió entre ex massistas y puntanos, el poderío del oficialismo trepa a 98; y a 100 con las dos bancas de SUMA, el bloque que integraba Martín Lousteau, que pasó de rival en la Ciudad a funcionario del gobierno, como embajador en los Estados Unidos.

 

Aquí es donde aparece la importancia del bloque Unidos por una Nueva Argentina (UNA), que representa la alianza política del Frente Renovador de Sergio Massa y Unión por Córdoba del ex gobernador José Manuel de la Sota. Si Monzó logra contener al centenar de diputados anteriores más los 28 de UNA, queda a apenas un diputado del quórum. Un diputado que podría salir de los 18 del nuevo bloque Justicialista, con promesas de obras, fondos, o lo que requiera el gobernador de turno para mandar a sus legisladores a ocupar sus bancas en la Cámara de Diputados.

 

El acampe de la Policía de Misiones en Posadas. Foto: SomosTélam
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