El presidente del tribunal tira con artillería pesada, pero se va en noviembre. Asado de transición y tres conflictos que maniobran los que quedan.
Plena tormenta. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez.
Nadie esperaba que la reforma judicial más importante de los últimos 30 años en Santa Fe ocurriera en paz, pero después de algunos meses de tensa calma, otra vez se desplegó la tormenta entre el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, y el gobernador Maximiliano Pullaro.
La inminente inauguración del nuevo edificio de Justicia en la capital provincial, la salida de Eduardo Bordas, histórico colaborador de Gutiérrez y administrador de la Corte, y las definiciones sobre la reforma previsional son tres temas de alta sensibilidad, capaces de amplificar cualquier cortocircuito.
El actual presidente de la Corte, ya con poder real reducido, mantiene el misterio de su fecha de salida para mantenerse en juego. En privado, le confirma al gobernador que se va en noviembre, pero a su paso se lleva todo puesto. Y es que Gutiérrez repite, cada vez que puede, que como cabeza del Poder Judicial se debe a esa corporación. En el medio, el resto de los jueces intentan hacer equilibrio, maniobrar y evitar las detonaciones.
Mucho de eso se habló el martes pasado en un asado de transición que convocó el Ejecutivo. Invitaron a los ministros ingresantes de la última camada a una cena con algunos de los futuros cortesanos. El ambiente fue tenso y hubo reclamos cruzados. Hasta ahora, el único que tiene fecha efectiva de ingreso es Diego Maciel, que entrará a la Corte el 1 de septiembre, cuando se jubile Eduardo Spuler. Ahí cambiaría el actual equilibrio de votos.
Mientras tanto, Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini deberán esperar a que Roberto Falistocco y Gutiérrez formalicen la fecha de jubilación. Ambos dijeron noviembre, pero eso implica un rango de 30 días sin certezas.
La Casa Gris y los futuros ingresantes sostienen que no puede ser la Corte vieja la que elija al nuevo secretario del máximo tribunal. Como contó Letra P, por ahora, se designó a dos subrogantes, pero la polémica se encendió hace dos semanas, cuando la actual composición de la Corte llamó a concurso para cubrir ese cargo. La velocidad de la convocatoria muestra la intención de avanzar con el concurso sin acuerdo del Ejecutivo: “Es como si nosotros quisiéramos imponer un secretario parlamentario en la Legislatura”, se quejan algunas voces del tribunal cimero. Vale recordar que el hijo de Gutiérrez ocupó ese lugar en el Senado durante varios años.
De todas maneras, algunos de los actuales ministros le bajan mucho el tono a esa disputa por tres motivos. En primer lugar, porque se va a modificar la estructura del gobierno del poder judicial y ya no será una única área, sino que se va a descentralizar en seis. Así, el nuevo secretario de la Corte solo tendrá la quinta parte del poder que detentaba Bordas. En segundo lugar, porque el reglamento del concurso tiene, según quienes lo leyeron de manera minuciosa, algunas arbitrariedades factibles de impugnar. Y, por último, porque se espera que, en los próximos días, se extiendan los plazos de inscripción al concurso, lo que dilataría todo el proceso.
De todas las cuestiones que tiene que resolver la Corte, la reforma previsional es la más sensible para la Casa Gris. Con más de 200 denuncias presentadas, Fiscalía de Estado recusó a Gutiérrez, Falistocco, Spuler y Rubén Weder para que no puedan votar por su inminente jubilación. Sin embargo, la totalidad de los cortesanos frenaron la movida y quedaron habilitados para resolver la cuestión de fondo. Como ejemplo, la Corte local usa la recusación del presidente Javier Milei a los tres jueces de la Corte nacional por el fallo del financiamiento universitario por ser docentes, que en cuatro renglones fue declarada "liminarmente inadmisible".
La reforma previsional en la provincia pone un tope a las jubilaciones más altas. Si el máximo tribunal la tumba, la jubilación de Gutiérrez alcanzaría los 18 millones de pesos mensuales, mientras que, con la ley activa, tendría un tope que se estima en 12 millones.
En la Casa Gris, no solo ven esas cifras como más que suficientes; también recuerdan cada vez que pueden que podrían desactivar la ley de enganche –que actualiza los salarios del poder judicial de manera automática con los aumentos que da la Corte nacional, en lugar de que sea una paritaria que se resuelva con el Ejecutivo local– y no lo hacen para no tensionar con los trabajadores del sector.
Sin embargo, hay quienes le quitan peso al momento: “La Corte podría haber resuelto la cuestión de fondo antes de las recusaciones y tampoco lo hizo. Ahora se viene la feria judicial. No es un tema que vaya a resolverse antes de fin de año”.
Probablemente, de los tres conflictos, el más difícil de resolver sea qué lugares ocupen el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa en el nuevo edificio. Letra P contó los cruces de la semana y las conversaciones entre ambos organismos y la Corte continúan. El martes, con la inauguración, podría haber novedades que encaucen la disputa.
“El ejecutivo tienen que elegir las batallas”, dicen los cortesanos dialoguistas y marcan avances en la modernización como la implementación de la Plataforma Alberdi, durante años híper resistida por Gutiérrez, con concursos para armados de equipos interdisciplinarios y protocolos de oralidad civil efectiva. Todos cambios que la vieja guardia nunca hubiera impulsado. Marcan, por el contrario, el enojo que les provocó el envío del paquete de leyes penales a la legislatura que hizo el Ejecutivo sin consultarlos y piden diálogos más aceitados.
Esta semana, se sumó otro cortocircuito cuando el gobierno apuntó contra la jueza rosarina María Dolores Aguirre Guarrochena por haber dispuesto la liberación de un hombre detenido en una causa por una balacera.
"Salieron a matar por un fallo, cuando tienen la posibilidad de que un fiscal apele. Erosionan todas las relaciones cuando la crítica es permanente”, dicen desde el tribunal cimero. La frase anticipó lo que sucedería horas después: un duro comunicado del Colegio de Magistrados.
Una situación que ocurrió durante la inauguración del nuevo edificio de tribunales en Casilda grafica muy bien estas tensiones. El área de protocolo del Poder Judicial no le dio lugar al gobernador para que hable durante la inauguración de los tribunales de Casilda. Pullaro sorteó el mal momento y, en la recorrida del edificio, tiró unos jueguitos con una pelota de fútbol frente a Gutiérrez.
No obstante, el Ejecutivo tomó nota. En la Casa Gris aseguran que, el próximo martes en Santa Fe, cuando se corten las cintas del nuevo edificio, con o sin el ok de protocolo judicial, el gobernador va a hablar.