Sigue latente la posibilidad de una ola de remates de campos en el sudoeste bonaerense. Tras una serie de prórrogas, ahora febrero es el mes fijado para la reanudación de los procesos judiciales contra cientos de pymes rurales de la zona que arrastran deudas crediticias de larga data. Luego de recurrentes intentos de reunión con María Eugenia Vidal (con Daniel Salvador como infructuoso nexo), las autoridades del Consejo de Desarrollo de la región fueron derivadas a la cartera de Economía conducida por Hernán Lacunza para plantear esta problemática.
Sin embargo, no se encontraron los resultados esperados y el pedido de audiencia con la mandataria se reflota ante la inminente ejecución de establecimientos que se posa sobre la cabeza de pequeños productores: “Que la Gobernadora se disponga a recibirnos porque no tuvo un final feliz la intervención del ministro”, señaló a Letra P el ex senador radical y representante del Consejo de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, José Fernando Carrizo Fierro.
UNA DEUDA DE LARGA RAÍZ. Vale recordar que la problemática de estos productores abocados mayormente a la ganadería de cría data, en algunos casos, de finales de los ’80, con más de dos décadas de numerosas pérdidas productivas a causa de diferentes perjuicios climáticos (inundaciones y sequías) en una zona muy castigada en este aspecto. Esto generó una cadena de endeudamiento con la banca oficial que, actualizaciones de intereses mediante, resulta dificultosa de cancelar para los productores más pequeños.
A mitad de año, se pidió el cumplimiento del convenio firmado (pero no implementado) entre el entonces gobernador Daniel Scioli y el otrora ministro de Economía nacional Axel Kicillof, avalado por la Legislatura, que autorizaba la emisión de bonos con los cuales la Provincia iba a cancelar las deudas al Banco Nación, al tiempo que se transferiría esas deudas al Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726, el cual permite fijar condiciones de cobro adecuadas a las posibilidades financieras y patrimoniales del deudor. Sin embargo, esto no sucedió.
Aunque algunos de los 1500 establecimientos lograron regularizar sus deudas, muchos productores siguen sin poder afrontar estos pagos, con los procesos de remate sólo suspendidos hasta febrero. Bajo este escenario, el pedido de intervención de Vidal se reflota: “Seguimos a la espera de la audiencia solicitada reiteradamente a la Gobernadora porque dispuso que el Ministerio de Economía abordara la problemática y diera una solución que no se ha logrado”, subrayó Carrizo Fierro.
Tras dar cuenta de una serie de reuniones sin acuerdo, el ex senador radical señaló: “Se postergó todo para febrero y se niegan a cumplir la ley de transferencia de deudores y dicen que van a conseguir condiciones favorables con el Banco Nación”.
En tanto, sostuvo que “el fideicomiso del Banco Provincia, con mucho más deudores, está reticente en la aplicación de los beneficios a los productores”.
