Una caja de cartón mal cerrado y rota en las puntas fue el envoltorio del regalo de fin de año por parte del gobierno de María Eugenia Vidal para los trabajadores del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esto motivó un gran enojo: "es una cargada", reprochan por lo bajo.
En la semana previa a la Nochebuena, trabajadores del Servicio Penitenciario fueron agasajados con una atención que a simple vista ya es llamativa, porque no luce de la mejor manera. Se trató de cajas de cartón sin ninguna inscripción que bien podían ser de artefactos viejos que uno esconde en algún rincón del hogar. Adentro había turrones, maníes garrapiñados, pan dulce y una sidra pequeña en botella de plástico. La presentación, desde ya, no fue la mejor, y según sospechan los destinatarios del obsequio, fue con la intención de aparentar austeridad. "Es muy exagerado, es un desprecio", se quejó uno de los trabajadores, en medio de la sorpresa e indignación que le generó el regalo.
Los uniformados se sienten en cierta manera despreciados, porque también indican que no están atravesando un buen momento laboral: el SPB está intervenido y se quejan por "un supuesto bono que no es para todos". "Nos sentimos de segunda", le dijo a este portal uno de ellos.
La auditoría general del área comenzó en el mes de octubre. Allí, Vidal y su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, anunciaron cuáles iban a ser los pasos a seguir, tras el desplazamiento de Fernando Díaz como titular, luego de ser citado en una causa sospechado de corrupción, tal como contó Letra P.
A partir de ese momento comenzó un trabajo especial en donde se hizo hincapié en los agentes, concretamente en su formación. Esa modificación del nivel de exigencia tiene que ver con, por ejemplo, profundizar la especialización y exigir la aprobación de nuevos cursos, relacionados con los derechos humanos. Algunos de los 132 oficiales removidos fueron pasados a disponibilidad. Estos, sumado a la cúpula de 10 funcionarios que fue desplazada, junto con el investigado Díaz -nombrado paradójicamente por Vidal en diciembre pasado-. Así, el gobierno puso la lupa en todos los trabajadores del SPB, para decir en un futuro quién continúa y quién no.
La auditoría es dirigida por Fernando Rozas, ex diputado provincial de Francisco De Narváez y colaborador del intendente de La Plata, Julio Garro, durante la última campaña. El plazo estipulado es de 90 días, y una vez terminado, ahí se eligirán a las nuevas autoridades. Mientras tanto es Juan Pablo Baric -actual subsecretario de Política Penitenciaria- quien está a cargo.
En este marco, termina un 2016 muy convulsionado para todo el Servicio Penitenciario, que con este detalle de los regalos austeros navideños, suma otro capítulo más a esta serie de turbulencias.