El jefe de Gabinete bonaerense durante el gobierno de Daniel Scioli, Alberto Pérez, prestó declaración este lunes, ante el fiscal de la UFI 1, Álvaro Garganta, en la causa por presunta administración fraudulenta. La causa, que surge de una denuncia presentada por la diputada nacional, Elisa Carrió, se basa en la existencia de facturación irregular, que Pérez había autorizado, para la concreción de eventos que fueron pagados en efectivo. Según la transcripción del testimonio efectuado por el ex funcionario, que declaró durante más de dos horas en la fiscalía, no existieron tales irregularidades, ya que los eventos fueron facturados siguiendo la ley vigente “esto es, en el artículo 40 de la Ley 10.189, sus modificatorias, y en el Decreto, 288/07, que no establece un procedimiento rígido y determinado”.
Pérez indicó que “que nos encontramos ante un régimen especial, que tuvo por objeto la realización, de los Eventos en tiempo y forma, entendiendo que existe, en éstos casos, un corto tiempo entre la organización del Evento, y su realización efectiva”. “Yo autorizaba, porque como Jefe de Gabinete, era el funcionario autorizante”, afirmó, para justificar la autorización de las facturas, aunque aclaró que “le correspondía al responsable del área administrativa de la Jefatura de Gabinete, esto es el subsecretario de Administración, el inicio del trámite a efectos de realizar las respectivas actuaciones de pedido de fondos extrapresupuestarios”.
Durante toda la declaración el ex Jefe de Gabinete se cuidó de mencionar a algún otro ex funcionario. “Quiero dejar claro, que hacía a la función del Jefe de Gabinete ser el autorizante de dichas resoluciones, y que eso se hacía dentro del marco de legalidad”, dijo, y aclaró que el pago en efectivo de dichas actividades, “es propio del régimen establecido en el artículo 78 de la ley de Administración Financiera”.
Además, detalló que “el que estamos analizando no es un modo ordinario de contratación, sino que es un régimen especial, y éste régimen, establece que la orden de pago, es a favor del subresponsable de la ejecución del gasto”. Ante esto, la fiscalía intentó obtener algún nombre preciso respecto a quién era el “responsable de la ejecución del gasto”, pero Pérez esquivó cualquier nombre directo. “Es a quien se libra la orden de pago, y eso consta en cada resolución”, evaluó.
El ex jefe de Gabinete aclaró además que él no “aprobó los gastos” sino que los “autorizó”. Y respondió que la “estimación de los gastos” los realizaba “el área de administración”. “Se me escapa quién era específicamente, quién realizaba puntualmente cada actuación, y que era un área de una gran dimensión y complejidad, funcional y estructural dada la dimensión, de los temas que tenía a cargo”, afirmó, para justificar su decisión de no dar ningún nombre específico.
Según detalló Pérez, “en todas las rendiciones de cuentas hasta ahora 2008-2014, el Honorable Tribunal de Cuentas, aprobó todas las erogaciones” y remarcó que “me gustaría aclarar que los funcionarios que me acompañaron en el área de administración, los considero como altamente calificados, con mucha experiencia, muchos por ser funcionarios de planta, y otros que forjaron su experiencia durante los años de gestión”.
Y ante la pregunta sobre las objeciones formales que se dictaron sobre varias de las facturas presentadas durante la administración de Daniel Scioli, el ex funcionario afirmó que “los funcionarios que van a tener que venir lo van a poder aclarar con mayor conocimiento y pericia que yo”. “Quiero dejar claro, que si me consta, la realización de los eventos, dado que en algunos yo participaba directamente, otros los subsecretarios sustantivos del áreas que lo realizaban, me ponían al tanto de su desarrollo, y muchos a través de los medios gráficos y audiovisuales, porque en su gran mayoría eran eventos públicos”, aseguró el indagado.
“Participé en la firma de un Convenio con la Universidad Abierta Interamericana, en algunos de los Eventos de Arena 2014, y verano 2015, en algunos eventos de diálogo político con Concejales”, indicó y descartó irregularidades en el hecho de que muchas de las facturas de actividades diferentes presentaban el mismo monto de gasto. “Eran estimaciones que muchas veces el dinero sobrante era devuelto a la Tesorería”, dijo.
La declaración se desarrolló de forma oral durante más de dos horas, en la que también contestó distintas preguntas de la fiscalía. En un pasaje de la declaración, Pérez aseguró que, “la realización de eventos en la provincia de Buenos Aires, se lleva a cabo basado en la legislación vigente, esto es, en el artículo 40 de la Ley 10.189, sus modificatorias y el decreto 288/07, que no establece un procedimiento rígido y determinado”. También agregó por otra parte que, “tanto la Jefatura de Gabinete de Ministros como el área administrativa de la misma se desenvolvían bajo las normativas sancionadas por la legislatura y utilizada por todos los gobiernos anteriores y que se encuentra en plena vigencia”.
Consultado sobre su vínculo con Walter Carbone -ex Subsecretario Administrativo de la Jefatura de Gabinete-, quien también está mencionado en la causa y deberá prestar declaración este martes 8 de noviembre, afirmó que “con él compartía una larga militancia y una relación personal”.
El ex funcionario se presentó este lunes ante los Tribunales de La Plata, acompañado por su abogado, Javier Percow, y su hombre de confianza, y también ex funcionario, Carlos Gianella. Aunque prestó declaración por más de dos horas, se excusó de presentar la documentación que había sido requerida. Fuentes del sciolismo indicaron que se pidió una prórroga para poder entregar todos los papeles demandados.
A Pérez se lo acusa de "peculado en concurso ideal con el delito de administración Fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público". En la citación, el fiscal indicó que "existen elementos suficientes para tener por acreditado con el grado de convicción que ésta instancia requiere que entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y el titular de la Subsecretarìa Administrativa, sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos (DIEZ MILLONES, SETECIENTOS VEINTE MIL, TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS) destinados a supuestos eventos, mediante autorizaciòn expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendìan con facturas apócrifas".
Además, "que dicha maniobra pudo concretarse, por la participación necesaria de la Directora General de Administración del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, quién emitió las órdenes de pago en efectivo y luego aprobó las rendiciones efectuadas por los funcionarios con las facturas apócrifas para que el gasto se impute como presupuestario, y por la participación también necesaria de la Contadora Fiscal Delegada de la Contadurìa General de la Provincia de Buenos Aires, quien refrendó las órdenes de pago en efectivo, y luego junto con la Directora General de Administración aprobó las rendiciones efectuadas con facturas apócrifas".
Además de Pérez, la fiscalía cito a declarar "para el día 8 de Noviembre de 2016 a las 10 horas para el imputado Walter Edgardo Carbone, para el día 9 de Noviembre de 2016 a las 10 horas para la imputada Mamberti Sandra Alicia, para el día 10 de Noviembre de 2016 a las 10 horas para la imputada Ripamonti Mónica Cecilia, para el día 11 de noviembre de 2016 a las 10 horas para la imputada Tavelli Alejandra, para el día 14 de Noviembre de 2016 a las 10 horas para el imputado Cayo A. Ortiz Almada, para el día 15 de Noviembre de 2016 a las 10 horas para el imputado Moretti Alejandro Omar, a los efectos que los nombrados presten declaración en razón de los hechos narrados y valorados en los considerando que anteceden".
