Luego del anuncio de reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense, hecho por la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, todavía se aguardan los primeros resultados de la auditoría que se está realizando desde hace poco más de una semana. En la Comisión Provincial por la Memoria -el organismo que viene exigiendo esta tarea desde hace mucho tiempo- aguardan los primeros números que, según fuentes del gobierno, empezarán a conocerse a partir de la semana que viene.
"Por ahora el trabajo lo estamos desarrollando en forma tranquila, se están asentando los cambios y se está instalando la nueva cúpula y los nuevos jefes", le dijo a Letra P una fuente del gobierno de Vidal. Recién llegando a mediados del mes de noviembre estarán disponibles algunas incipientes aproximaciones del trabajo que están haciendo los hombres designados por la mandataria y el ministro.
Por estos días están realizando especial hincapié en los agentes, concretamente en su formación. La modificación del nivel de exigencia tiene que ver con, por ejemplo, profundizar la especialización y exigir la aprobación de nuevos cursos, relacionados con los derechos humanos. Algunos de los 132 oficiales removidos fueron pasados a disponibilidad. Estos, sumado a la cúpula de 10 funcionarios que fue desplazada, junto con el investigado Fernando Díaz -nombrado paradójicamente por Vidal en diciembre pasado-. En estos tres meses, la lupa estará puesta en todos los trabajadores del SPB. Cumplido ese lapso, dirán quién continúa y quién no. Ese es el trabajo que empezó hace poco más de una semana, junto con un relevamiento edlicio.
El desplazamiento de Díaz como titular del Servicio Penitenciario Bonaerense había sido un adelanto de Letra P. El ahora ex funcionario había sido citado a indagatoria para declarar en una causa en la que se lo acusa -junto a otros 37 funcionarios- de administración fraudulenta. Está sospechado de participar de esa maniobra delictiva -irregularidades millonarias en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta- durante su gestión como auditor general del Servicio Penitenciario Federal. A raíz de esa noticia, el organismo de Derechos Humanos que encabeza el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel denunció que esa metodología se replicaba también en territorio bonaerense desde que la gobernadora Vidal lo designó al frente del SPB y, por eso, le pidió a Ferrari, que lo remueva de su cargo.
Díaz había sido nombrado por Vidal en diciembre pasado, luego de la salida de Florencia Piermarini y del escándalo por la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez.
Entonces, tal como contó este portal, el gobierno provincial comenzó una auditoría general, en el marco de un plan de reforma estructural del SPB. La dirige Fernando Rozas, ex diputado provincial de Francisco De Narváez y colaborador del intendente de La Plata, Julio Garro, durante la última campaña. El plazo estipulado es de 90 días, y una vez terminado, ahí se eligirán a las nuevas autoridades. Mientras tanto es Juan Pablo Baric -actual subsecretario de Política Penitenciaria- quien está a cargo.
El trabajo ya comenzó pero todavía no hay datos concretos. Recién para la semana que viene se conocerán algunas aproximaciones. Distintas fuentes cercanas a Ferrari le dijeron a este medio que ya están los reemplazos de todos los oficiales echados. Las 55 unidades penitenciarias de toda la provincia sufrirán cambios. Lo que buscan Vidal y Ferrari es que la reestructuración que pretenden llevar a cabo se realice exclusivamente con gente nueva.
Por su parte, quienes están muy pendientes y realizando también un seguimiento del trabajo oficial, son los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria. "Todavía no informaron nada de cómo lo están haciendo o qué resultados tienen; no hay nada presentado y seguimos aguardando comunicación oficial", le dijo uno de los coordinadores del organismo a Letra P.
Según el último informe de la CPM, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires 2074 víctimas describieron 6843 casos de torturas y/o malos tratos que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, impedimentos de vinculación familiar y social, traslados constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados gravosos y requisas personales vejatorias. El Servicio Penitenciario Bonaerense es tristemente célebre por eso. Vidal y Ferrari están preparando los primeros números del trabajo de la auditoría, para darlos a conocer en los próximos días.
