Luego de la última sesión en Diputados, en donde el proyecto de participación público privado no pudo transformarse en ley porque el kirchnerismo y el massismo se impusieron para que vuelva a comisión, comenzó un nuevo tironeo con el oficialismo. El presidente Mauricio Macri pidió que se sancione la iniciativa -que ya cuenta con la aprobación en el Senado- para "darle mayor velocidad a las obras" y "terminar con la corrupción". El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, por su parte, elaboró junto a su bloque una serie de modificaciones a la idea original para que se trate en Comisión, apuntando a asegurar "la transparencia y el control".
"Espero que la semana que viene volvamos a tener despacho de Comisión y se apruebe. Porque hay muchas obras que están ligadas a este mecanismo de contratación, que es maravilloso porque ayuda enormemente a terminar con los niveles de corrupción a los cuales estuvo ligada la obra pública en la última década", dijo Macri después de que se cayera el proyecto del oficialismo. La iniciativa -que propone un régimen para fomentar la inversión de privados en obras de infraestructura y servicios en sociedad con el Estado, y que fija una serie de obligaciones, sanciones y formas de ejecución determinadas- había sido aprobada a fines de septiembre en la Cámara alta.
En Diputados no se transformó en ley porque desde el Frente Para la Victoria hubo una moción de orden y posterior votación nominal que terminó con 107 votos a favor de que la propuesta regrese a las comisiones de Legislación General y Presupuesto. Hubo un mayoritario respaldo de los legisladores del Frente Renovador de Massa.
LAS MODIFICACIONES. Y ahora es el tigrense quien elaboró una serie de modificaciones y mejoras al proyecto, para que se trate en Comisión. Desde el Frente Renovador evalúan que "un régimen PPP puede servir para realizar grandes inversiones en momentos de restricciones fiscales acuciantes, pero necesita por su lógica funcionar autónomamente", entonces en base a esto, según pudo saber Letra P, propusieron una veintena de cambios a la iniciativa oficialista.
"La principal falencia que se encontró en dicha versión es que brindaba, en paralelo, tres elementos incompatibles: un objeto muy amplio, controles muy laxos y prórroga de jurisdicción", dicen desde el massismo. Así es como apuntan en modificaciones al objeto y a los mecanismos de control, teniendo en cuenta que el régimen vigente ya provee prórroga de jurisdicción. "Dentro del control del objeto, se incluyó un párrafo en el artículo 2º por el cual cuando se trate de servicios públicos, prevalecerá el marco normativo vigente de éstos. Con esto se apuntó a evitar la creación de servicios público 'paralelos' no sujetos a los marcos normativos vigentes", agregan.
Dentro de las modificaciones que refuerzan el control normativo, desde el FR se propusieron una serie de puntos, entre los que se destacan la creación de una comisión bicameral de seguimiento de los proyectos PPP; limitar la probabilidad de cesión, impidiendo que se produzca antes de transcurrido el 20% del Proyecto, y requiriendo en todos los casos la intervención de la Procuración del Tesoro; que los contratos deberán poseer, aparte de riesgos, aporte y utilidad, los contenidos técnicos mínimos y con qué indicadores se lo monitoreará; establecer que las propuestas deben ser comparables, y para ello la contratante (Estado) debe proveer los supuestos y proyecciones sobre las cuales se elaborarán las mismas; que previo a efectuar una licitación, deberá realizarse un dictamen que contenga toda la información relevante del Proyecto (Art. 13º). Dicho dictamen debe ser público al menos 30 días antes del llamado a licitación (Art. 29º); y que en dicho dictamen deberá explicitarse el cálculo del costo-beneficio y la distribución de aportes y riesgos entre la contratante (Estado) y la contratista (Art. 13º inc. h e i).
Con respecto al control fiscal, desde el massismo expresan que "se limitaba a la aprobación del crédito presupuestario para licitar y adjudicar un proyecto", por eso "se añadió que el impacto fiscal de los compromisos fiscales asumidos por estos proyectos deben explicitarse mensualmente y anualmente, y más importante aán, que el stock de estos compromisos no puede superar el 7% del PBI".
Piden "mayor transparencia en la totalidad del proceso" y además introdujeron otros cambios que, según entienden, sirven para "tener hoy una versión mejor, con eje en los refuerzos de controles, sin que por ello desnaturalice su capacidad de atender el objetivo buscado: la mejora de la calidad de la infraestructura en la Argentina".
