La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal avaló una medida cautelar de la oposición del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) e invalidó la sesión de la Asamblea de Representantes del siete de julio y frenó el aumento de la matrícula que propuso el presidente de la institución, Jorge Rizzo, en es escandalosa reunión que terminó a los gritos y abrió un proceso de judicialización que insertó al organismo en el medio de una crisis institucional.
La medida cautelar para que se suspenda lo actuado en esa sesión fue impulsada por la opositora María del Carmen Besteiro. De movida fue apelada por el oficialismo de Gente de Derecho (GDD), pero la Cámara resolvió hacer lugar al recurso para suspender “las decisiones adoptadas por la Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal celebrada el 7 de julio de 2016”.
La polémica en esa sesión se inició cuando la oposición denunció que Rizzo cometió “fraude” porque se presentó como delegado cuando ya había sido electo presidente del CPACF. El líder de GDD presidió la Asamblea, protagonizó una fuerte discusión con una ex empleada e invitó a pelear a un miembro de la agrupación Cambio Pluralista. La oposición llevó una veedora, pidió que la reunión sea conducida por el asambleísta de mayor edad –tal cual indica el reglamento interno cuando se está en el marco de una instancia de cambio de mando-, pero el oficialismo hizo la vista gorda y avanzó con su orden del día. Ese día se aprobó un aumento de $400 en la matrícula y las nuevas autoridades, entre otras cosas.
Semanas después, la oposición se abroqueló casi en su totalidad y realizó una Asamblea en el bar de la institución ubicada sobre Avenida Corrientes. En ese encuentro se rechazó todo lo aprobado en la escandalosa primera reunión de la Asamblea de Representantes y ahora la Justicia le da la razón a los opositores. Todo bajo la tutela de una escribana pública autorizada por la Justicia.
Según el fallo, el mandato de Rizzo como delegado había finalizado por lo que “no pudo mantener el cargo de autoridad de la Asamblea hasta su reemplazo, en los términos del art. 29 del Reglamento Interno”. La medida advierte que esa sesión debió ser presidida por “su anterior vicepresidente, de conformidad con lo dispuesto por el art. 37 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por remisión del art. 64 del Reglamento Interno”.
La Cámara se aferra las declaraciones de los opositores y asegura que “el voto de Rizzo fue determinante para el resultado de la votación, dado que el oficialismo (lista 47) ya no tiene mayoría propia, razón por la que aquélla habría terminado en un empate, que habría sido ilegítimamente saldado por Jorge Rizzo”.
Al suspender lo actuado en la sesión del 7 de julio, la Justicia frenó el incremento de la tarifa de la matrícula, que Rizzo propuso aumentar de $1700 a $2100. Esto lleva a una situación insólita: actualmente no hay matrícula, por lo cual el abogado que abonó la inscripción podría presentarse en el Colegio y exigir que le devuelvan el dinero.
En concreto, la Cámara anuló todo lo votado en esa sesión: la elección de autoridades de la Asamblea de Delegados, fijación del monto de la cuota anual, Bono de Derecho Fijo y cuota de inscripción para el período 2016 a 2017, consideración del presupuesto de gastos y memoria, balance e informe del Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina, e integración de las Comisiones de la Asamblea.
De modo que la ejecución de estas decisiones tendría consecuencias de imposible o muy difícil reparación ulterior, en la medida en que impactaría en la vida institucional del Colegio, en su patrimonio y en la de los matriculados.