“Si no se van en cinco o diez minutos, los vamos a sacar”, advirtió el pasado 18 de febrero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para defender la criatura que ella misma había engendrado: el protocolo antipiquetes. “El camino no es cortar calles”, retó el 30 de mayo la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a organizaciones sociales que venían protagonizando una racha de movilizaciones callejeras en reclamo de atención por parte de las nuevas autoridades. Este jueves, las mismas Bullrich y Vidal formaron parte de un colectivo de elite: unos 400 jueces y decenas de funcionarios de los gobiernos nacional y provincial liderados por la fuerza política que más predicó en favor del derecho constitucional de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino” (artículo 14 de la Constitución Nacional) que mantuvieron cortada durante toda la mañana una calle del microcentro de La Plata para sacarse una foto. La sonrisa que ofrecieron al unísono a las cámaras desaparecería de sus rostros si un fiscal actuase de oficio por la violación del artículo 194 del Código Penal, que contempla “prisión de tres meses a dos años” para quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra”, lo que claramente sucedió en la capital provincial.
El piquete institucional tuvo un motivo con nombre importante: la realización, en el Teatro Coliseo Podestá, de la VII Conferencia Nacional de Jueces, que convocó a cientos de magistrados de todo el país (en el sistema republicano de gobierno, los custodios de las leyes y la Constitución) encabezados por el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y otros ministros del máximo tribunal, como Elena Highton de Nolasco y los propuestos por el frente gobernante Cambiemos, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; y a una nutrida delegación de funcionarios de los poderes ejecutivos de la Nación y la provincia de Buenos Aires –por sus responsabilidades en estos asuntos de los derechos y las leyes, se destacaban en esa muchedumbre los titulares de las dos carteras de Justicia, Germán Garavano y Gustavo Ferrari.
Dato que llamó la atención: el cierre –desde muy temprano y hasta bien entrado el mediodía- de la calle 10 entre las calles 46 y 47 no permitió la realización del acto de apertura del encuentro, que tuvo lugar dentro del teatro. El piquete institucional tuvo como objetivo el montaje de una tribuna que se usó, exclusivamente, para la foto de grupo de los asistentes –la imagen acompaña esta nota.
ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.
La reunión concentró como pocas veces se ha visto a las mayores celebridades de la familia judicial. Por citar algunos, además de los ya mencionados: el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Luis Genoud; las procuradoras generales de la Nación y de la Provincia, Alejandra Gils Carbó y María del Carmen Falbo; El presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), Rafael Francisco Gutiérrez; Claudio Bonadío, Sandra Arroyo Salgado, Daniel Rafecas, Alberto Recondo, Gustavo Hornos y Luis Cabral, entre cientos más.
Se la vio muy contenta, también, a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que ya en 2014, siendo diputada por el PRO, defendía en el programa “Desde el llano”, de la señal TN, la regulación de las manifestaciones callejeras y convocaba a “respetar la ley” para “respetar a los demás”.
DE LA PRIMERA HORA. El líder del partido gobernante, Mauricio Macri, no se asomó ahora al antipiqueterismo. Expuso claramente esa postura no bien asumió la jefatura del Gobierno porteño, su primer cargo ejecutivo, en el año 2007. Crónicas de la época cuentan el fastidio que ya expresaba el ahora presidente de la Nación porque sólo conseguía que algunas murgas le hicieran caso en su pedido de que le avisaran antes de cortar una calle.
Militó su rechazo a las protestas que obstruyen la circulación durante sus dos mandatos en la Ciudad y no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada cuando el pueblo lo llamó a conducir los destinos de la Nación.
"’Quiero las calles despejadas. No quiero más cortes todo el tiempo. La gente con derecho está cansada. Pero tampoco quiero absolutamente nada fuera del marco de la ley. Hagan lo que tengan que hacer’, dijo el Presidente. Era el mediodía del jueves pasado. Los cuatro jefes de las fuerzas policiales y de seguridad del país escuchaban.” Así empezaba una nota publicada por el sitio Infobae el 17 de abril de este año.
Pero el mandatario no había esperado cinco meses para actuar. Como adelantó en exclusiva Letra P, en diciembre mismo creó el Comité de Seguridad Humana, un cuerpo interministerial informal destinado a intervenir en situaciones callejeras de conflicto. Y poco después, en febrero, la ministra Bullrich lanzaba y defendía el protocolo antipiquetes: "Les vamos a dar cinco minutos; se van o los sacamos. A partir de ahora, todos van a saber a qué atenerse", advertía la funcionaria, aunque después dejaría que su plan se convirtiera en letra muerta –por la fuerte oposición de las organizaciones sociales y sindicales o por propia impericia.
Este jueves, los 600 jueces y las decenas de funcionarios de gobierno que participaron del piquete de la calle 10 celebraron la distensión. Aquellos cinco –cuanto mucho, diez- minutos de tolerancia que proclamaba Bullrich se convirtieron en una mañana entera y todos pudieron tener la fiesta –y la foto- en paz.
