23|1|2023

Aborto no punible: génesis y dinámica de una crisis autoinfligida

26 de octubre de 2016

26 de octubre de 2016

La mano invisible de la Iglesia Católica, a través de funcionarios de Vidal ligados a sectores eclesiásticos ultra conservadores, en el freno a la adhesión de la Provincia al protocolo ILE.

El entuerto que enfrenta el gobierno de María Eugenia Vidal a partir del anuncio de la adhesión de la Provincia al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (protocolo ILE) promete escalar en la agenda mediática, salvo que medidas como el descabezamiento de la cúpula del SPB logren hacer disimular la crisis.

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El martes pasado, se publicó en sitios de noticias y un día después apareció impresa en varios diarios la novedad de una resolución ministerial que incorporaba a Buenos Aires al pelotón de provincias -Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego- donde están vigentes protocolos de ILE de acuerdo a los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia en 2012.

 

La información contenía una descripción de los alcances del protocolo que se ponía en marcha, tal como daba por sentado.

 

El diario El Día, al respecto, señalaba: “Según informó el gobierno provincial, se eliminan los obstáculos al acceso a este tipo de prácticas y adecua los lineamientos para que puedan acceder mujeres y niñas sólo bajo las causales de peligro de la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fuese producto de una violación”.

 

Sin embargo, con el correr de los días, se supo que la resolución no había sido publicada en el Boletín Oficial y, por lo tanto, no estaba vigente. A poco de andar, trascendió que la razón de la demora no había sido un inoportuno olvido o los tiempos que habitualmente se toma la burocracia para llevar a la práctica los anuncios gubernamentales.

 

Lo que sucedió, según se conoce hoy –hasta ahora no ha salido ninguna fuente oficial u oficiosa a decir lo contrario-, es que la decisión de la ministra de Salud, Zulma Ortiz, encontró una fuerte oposición de ministros vinculados a la Iglesia Católica, institución que ya el año pasado había manifestado un fuerte rechazo al protocolo ILE.

 

Cuando el Gobierno nacional actualizó la normativa sobre la interrupción legal del embarazo, en junio de 2015, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina apuró un comunicado donde dejó sentada su posición. “Con sorpresa constatamos que, en lugar de procurar caminos de encuentro para salvar la vida de la madre y su hijo, y de buscar opciones verdaderamente terapéuticas y alternativas, las autoridades obligan a impulsar el aborto”, subrayó.

 

Un año más tarde, el malestar de la Iglesia Católica no se tradujo en una manifestación pública, sino que habría transitado carriles más discretos pero no por ello menos influyentes.

 

Los medios coinciden en señalar al secretario de Legal y Técnica de Gobernación, Julio Conte Grand, al que ligan con el Opus Dei, como el funcionario que opuso mayor resistencia a la resolución de Ortiz, frenó su publicación en el Boletín Oficial y, al cabo, logró que el Ejecutivo pusiera a la norma en “revisión”.

 

La progresión de los hechos suma, además, la reacción de sectores de la oposición que inmediatamente salieron a reclamar la puesta en vigencia del protocolo ILE y a criticar al Gobierno de Vidal por “tradicionalista, conservador y clasista”.

 

A simple vista, parece extraño que un gobierno que se precia de realizar habituales reuniones de gabinete e inclusive promover retiros de ministros y secretarios durante todo un fin de semana, con la idea de profundizar las relaciones interpersonales y políticas, haya dejado avanzar un asunto de la envergadura del que nos ocupa cuando –a la vista está- entre sus integrantes no había plenas coincidencias.

 

Luego, cabría preguntarse si la resolución de Salud fue inconsulta o se tomó con la anuencia de la gobernadora.

 

Una tercera opción podría abonar la idea de que, a sabiendas de que habría resistencias, desde el ministerio decidieron avanzar aceptando el riesgo del costo político. El tiempo pondrá las cosas en su lugar.

 

De todas formas, si convenimos en que la temática del aborto –aún el no punible, como es el caso- es un tema controversial en la agenda pública, está claro que el Gobierno, que ha hecho de la comunicación uno de los pilares de su política, atraviesa una crisis autoinfligida que no parece estar saldada y cuya magnitud podría adquirir una dinámica impredecible.

 

El autor es editor de Diario Sobre Diarios Bonaerense