La vice no quiere abrir el recinto en julio y espera un mensaje claro del Gobierno. El peronismo evalúa pedir sesión para obligar a una definición.
Victoria Villarruel en el Senado
Aunque no recibe señales claras de la Casa Rosada, Victoria Villarruel se calzó esta semana el traje de jefa oficialista del Senado: el martes, se reunió en su despacho con autoridades de bancadas no peronistas para pedirles no sesionar hasta agosto. De esa manera, evitaría la sanción de los proyectos para aumentar las jubilaciones y declarar la emergencia en discapacidad.
La vicepresidente buscó detener la presión de Unión por la Patria (UP), que evalúa pedir una sesión para tratar ambos proyectos y aprobarlos con dos tercios, que sería necesaria porque no fueron dictaminados ni lo serán en el corto plazo, debido a que el oficialismo los congeló en las comisiones.
En el peronismo, como explicó Letra P, consideran que es una oportunidad de presionar a los habituales aliados de LLA para conseguir la misma mayoría que haría falta para rechazar un eventual veto presidencial. Ninguno de estos proyectos reunió un tercio a favor en Diputados, por lo que el oficialismo también en esa cámara debería trabajar para sostener su eliminación.
Anoticiada de esa estrategia, Villarruel convocó a su despacho a representantes de UCR, PRO, Provincias Unidas (PU) y partidos provinciales de Santa Cruz, Río Negro y Misiones. Si no tienen fisuras, junto a La Libertad Avanza, estas fuerzas reúnen 38 votos en el recinto, uno más que la mayoría simple.
El problema para la vice es que varios integrantes de estos bloques advirtieron que, si el recinto se abre, votarán a favor estos proyectos. Son los casos de los radicales Martín Lousteau, Pablo Blanco y Daniel Kroneberger; Mónica Silva (Río Negro) y Alejandra Vigo (PU). El resto, tampoco quiere quedar pegado a un eventual rechazo de estas normas y busca un acuerdo.
La vicepresidenta confesó ante las autoridades de bancada que no logró una señal clara de la Rosada sobre qué hacer. La expectativa en el oficialismo es que Milei realice algún anuncio que matice posibles vetos, como podría ser una suba de las prestaciones por discapacidad. Confían en que alguna de las próximas ampliaciones presupuestarias vaya en ese sentido.
Mientras tanto, la presión del peronismo se hará sentir, sobre todo porque el tratamiento de estos temas se cruzará con la campaña electoral. "Nosotros dejamos claro que si hay sesión votamos a favor. Villarruel deberá saber cómo evitar que se abra el recinto", sostuvo ante Letra P el referente de uno de los partidos provinciales que estuvo en el despacho de la vicepresidenta.
En la reunión, el bloque Provincias Unidas ratificó su decisión de activar el Senado para tratar todos los dictámenes pendientes, como solicitaron en un pedido de sesión, con fecha para este miércoles y jueves. Fue esa solicitud una de las razones del improvisado encuentro convocado por Villarruel con todo el espectro no peronista.
Además, como era de esperar en una época electoral, algunos aliados empiezan a tensar la cuerda, como es el caso de Edith Terenzi, la chubutense que integra Provincias Unidas, tiene origen radical, pero reporta al gobernador de su provincia, Ignacio Torres. Tampoco tiene ganas de seguir cumpliendo órdenes del Gobierno la neuquina Lucila Crexell, quien espera desde el año pasado que el Gobierno cumpla la promesa de nombrarla embajadora en la Unesco, con sede en París.
En Unión por la Patria confían en alcanzar dos tercios para sancionar la emergencia en Discapacidad y los aumentos de jubilaciones. "Estamos realmente cerca y, con la sesión iniciada, vamos a llegar", sostuvo ante Letra P un referente de la bancada peronista.
No sería la primera vez que pase. Una secuencia similar se dio con la eliminación del DNU que le dio fondos a la SIDE o la expulsión del senador Edgardo Kueider: UP forzó la sesión y el resto de la oposición no quiso quedar pagada al Gobierno. El interbloque que preside José Mayans tiene 34 miembros, tres menos que la mayoría necesaria para el cuórum. Uno podría estar ausente unas semanas por problemas de salud.
Los dos tercios requieren 48 sobre 72 presentes. Para sancionar estos proyectos, el peronismo sabe que cuentan con varios raciales (que tienen 13 miembros) y podría sumar a la larretista Guadalupe Tagliaferri. Un dato es que la UCR y el PRO, suman 21 miembros (13 y 8), por lo que ni aún con asistencia perfecta pueden bloquear los dos tercios.
La clave son los partidos provinciales y Provincias Unidas, la bancada de seis miembros que coordina el correntino Carlos Espínola, supo tener diálogo fluido con Santiago Caputo, pero en las últimas semanas entró en rebeldía. Villarruel necesita tenerlos controlados. Al menos durante julio.