Piden informes a Scioli

El massismo involucra a Casal en el caso Niembro

El senador provincial Sebastián Galmarini le pide al gobernador que informe sobre el rol de Atilio Albero Meza -socio de Niembro en la empresa sospechada-, que trabajó con el Ministro de Justicia.

Tras la denuncia que presentó en la Legislatura porteña el kirchnerismo -mostrando el pago por parte del gobierno de Macri de casi 21 millones de pesos a través de contrataciones directas a la empresa “La Usina Producciones SRL” vinculada al candidato a diputado por Cambiemos Fernando Niembro-, el senador massista Sebastián Galmarini elevó un pedido de informe para que el gobierno bonaerense comunique si contrataron los servicios de la productora.

 

Es que para el Frente Renovador también está involucrado Atilio Alberto Mezaque se desempeñó como parte del equipo de prensa del Ministerio de Justicia de la Provincia, conducido por Ricardo Casal. Meza fue socio del periodista deportivo en La Usina Producciones SRL.

 

“No sólo exigimos que nos informen si el Estado provincial contrató a La Usina Producciones, sino que también queremos conocer si alguno de los entes autárquicos o alguna sociedad con participación de la provincia empleó los servicios de la empresa que gerencia Meza”, sostuvo Galmarini, agregando que “esperamos que dada la repercusión que tuvo la denuncia, el gobierno de Scioli brinde información para despejar todas las inquietudes que este caso provoca”.

 

En sus fundamentos, el proyecto del legislador del Frente Renovador explica que tras investigar a la firma “La Usina Producciones SRL”, se encontró que además de Niembro, aparece como socio Atilio Alberto Meza, que ha ostentado cargos en el gabinete de provincial: "primero por el decreto 2710/08 se aprueba un contrato de locación de servicios entre el Sr. Meza y el Ministerio de Justicia, y luego por el Decreto 250/15 se lo designaría con el cargo de Asesor de Gabinete del Superintendente General de Policía, Departamento de Seguridad".

 

“Que una persona sospechada de beneficiarse con contrataciones directas del gobierno porteño, sea Asesor de Gabinete del Superintendente General de Policía de la Provincia de Buenos Aires, nos obliga a exigir información para determinar la eficacia de los mecanismos del Estado tanto en su sistema de contratación como en la designación de su personal, pues son éstos quienes con sus acciones, llevan adelante las políticas públicas del Estado Provincial”, finalizó Galmarini.

 

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