La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció este viernes por lavado de dinero al candidato a diputado nacional por el frente Cambiemos, Fernando Niembro y a Atilio Meza, su ex socio en "La Usina Producciones”. La denuncia, que quedó en el juzgado federal número 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, también alcanza al jefe de Gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta, y a las actuales ministras de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Graciela Reybaud y al secretario de comunicación social, Pablo Facundo Gaytan.
En el macrismo, la orden es de cerrar filas para defender a su alfil, y así lo demostró Mauricio Macri cuando se mostró el jueves pasado en campaña junto al periodista deportivo y a su candidata a la gobernación provincial, María Eugenia Vidal. “Esta denuncia es una payasada. Este tipo deja pasar todo con Baez y denuncia esto. Es un operador político K. No tiene estatus moral”, dijo un legislador del PRO a Letra P.
De acuerdo a lo consignado por el Centro de Información Judicial, los funcionarios involucrados podrían haber cometido los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel". La empresa “La Usina Producciones SRL”, inicialmente propiedad de Fernando Niembro, recibió contratos sin licitación por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante los años 2012 y 2015 por casi 20 millones de pesos. Ninguna de esas erogaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial porteño.
La denuncia fue presentada esta mañana por el titular de la Procelac, Carlos Gonella, junto con el fiscal ad hoc del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski. ““Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de 'La Usina Producciones S.R.L.' por un monto total de $19.473.878,30” que nunca fueron otorgadas a través del mecanismo de licitación pública”, sostiene la presentación.
De acuerdo a la denuncia, la Unidad de Información Financiera (UIF) del Banco Ciudad remitió una serie Reportes de Operaciones Sospechosas que hicieron sonar las alarmas en la Procuraduría que se encarga de combatir operaciones de lavado. Para Gonella y Khaski, la adjudicación de los contratos a “La Usina” fue “a prima facie irregular”, además de destacar el hecho de que “sus socios son actualmente candidatos a cargos electivos en representación de la misma fuerza política que ejerce el gobierno que les asignó los contratos cuestionados”.
