Política

“Interés legítimo de acceso a la información”: el artículo que por ahora protege a Scioli con su patrimonio

Por Facundo Cottet.- Los diputados provinciales que responden al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, buscarán que este año salga un proyecto de Ley que obligue a los funcionarios a mostrar su declaración jurada. En la comisión de Reforma Política el año pasado se cayó una iniciativa que venía con media sanción desde el Senado. Igualmente hay cerca de 10 proyectos que tienen que ver con transparencia institucional y el compromiso de La Cámpora –que preside la Comisión- es avanzar con las leyes. Cristina Kirchner pidió que los candidatos digan cómo viven y cuál es su patrimonio.

Cuando en cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner instó a todos los candidatos a que digan cómo viven, de qué viven y cuál es su patrimonio tal como lo había mostrado Florencio Randazzo el día anterior ante la acusación de parte de Task Force, los ojos se posaron sobre Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa. Pero por el momento, Scioli no está obligado.

 

Sobre Ética Pública en provincia hay varios intentos legislativos para avanzar pero existe un artículo -en todas las iniciativas en discusión- en donde hasta el momento no hubo acuerdo. Por ello se planea hacer un proyecto en base al consenso. La discordia se da en demostrar un real “interés legítimo de acceso a la información”, para saber cuánto gana un funcionario público bonaerense.

 

La diputada del FpV y presidenta de la comisión de Reforma Política, Rocío Giaccone, le explicó a Letra P que el proyecto que estuvo impulsado como un paquete de reformas judiciales desde el Senado y logró tener media sanción, “dice que vos tenés que demostrar interés legítimo para acceder a la información” y que “algunos diputados piensan que debería ser como Nación”; es decir que cualquier ciudadano pueda acceder, tal como ocurre, por ejemplo, con los diputados de la nación.

 

En la Comisión de Reforma Política también hay una iniciativa sobre Ética Pública del diptuado massista, Ricardo Lissalde. En líneas generales el proyecto de Lissalde es bastante similar al que tuvo media sanción en el Senado y que luego perdió estado parlamentario. Sin embargo, en línea con lo que explicó Giaccone, en la iniciativa del legislador del Frente Renovador para acceder a una declaración jurada hay que cumplir ciertos requisitos.

 

En el proyecto massista las personas que quieran saber el patrimonio de un funcionario del estado deberán presentar “nombre y apellido, documento, ocupación y domicilio del solicitante”; “nombre y apellido de cualquier otra persona u organización en nombre de la cual se solicita la declaración, y en ese caso, deberá acreditar la representación que invoca”; “el objeto que motiva la petición y el destino que se dará al informe” y “la declaración de que el solicitante tiene conocimiento del contenido del artículo 16 de la ley referente al uso indebido de las declaraciones juradas y la sanción prevista para quien la solicite y le dé un uso ilegal”. En el artículo 16 la iniciativa renovadora propone una serie de sanciones para la “utilización ilegal de la declaración jurada”, a través de un tribunal de aplicación.

 

“Mientras íbamos consensuando una parte importante del texto de lo que iba a ser la media sanción en diputados, nos sorprendió la media sanción que vino de Senadores. El trabajo durante el año consistió en tratar de amalgamar para satisfacer las iniciativas de los proyectos que andaban dando vuelta de diputados. Y lo que queríamos era para sacar una ley tan importante que tuviera un poco de cada uno de los que habíamos tenido la iniciativa” le relató Lissalde a este medio. Pero el tiempo pasó y el 2014 se fue.

 

Es por ello que Giaccone le adelantó a este medio que en las primeras reuniones de la comisión de Reforma Política se trabajará sobre éste y otros temas relacionados a la transparencia institucional. “Tenemos dos posibilidades: que presentemos la iniciativa que nosotros tenemos -que tiene muchas cosas de este proyecto que ya está- o que trabajemos sobre el de Lissalde”, dijo la diputada que milita en La Cámpora.

 

Además, en este año electoral, se prevé avanzar en un Tribunal Social de Responsabilidad Política. Un organismo que según la constitución provincial de 1994 “tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales”.

 

Con el pase del diputado Mariano San Pedro al bloque del FpV de la mano del randazzismo, el espacio que responde al ministro del interior en la Provincia tiene mayoría en la comisión de Reforma Política. Al dirigente de Almirante Brown se le suman, Marcelo Feliú y Mario Caputo. Este último le confirmó a Letra P que este año irán por la Ley.

 

De esta manera, según los mecanismos legislativos, lo que resta es aprobar un proyecto en Diputados y que sea girado al Senado. En el medio, siempre aparecen las distancias entre una Cámara y la otra, esas que acaso hicieron que el proyecto de Ética Pública en el Senado sea aprobado fugazmente para el asombro de los diputados. Pese al pedido de Cristina, en el mejor de los casos, pasarán algunos meses para que el Gobernador esté obligado a presentar su declaración jurada.

 

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