“Que todos por favor puedan explicar de qué viven”, fue parte del llamado que hizo la mandataria hacia el total de candidatos a sucederla, tanto de la oposición como del oficialismo, en la cadena nacional desde Casa Rosada. A su izquierda, junto al resto de funcionarios estaba el gobernador bonaerense y candidato presidencial, Daniel Scioli.
El ex motonauta no tiene obligaciones -al menos legales- de presentar su declaración jurada. Sucede que en la provincia de Buenos Aires el proyecto de ley que establece presentar un informe sobre los bienes y patrimonios de los funcionarios, nunca fue aprobado en su totalidad.
Sobre 2013, en el marco de un paquete de reformas judiciales que se impulsó desde el Senado provincial se incluyó un proyecto que había sido archivado, del senador del GEN Ricardo Vázquez. Fue aprobado y girado rápidamente a Diputados.
La iniciativa explicitaba que “todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad”, incluido el gobernador, pasando por el vicegobernador, legisladores, ministros, magistrados del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con jerarquía no inferior a Oficial Principal, ni inferior a Teniente y del Servicio Penitenciario Bonaerense, con jerarquía no menor de Subprefecto, y Sargento Primero o equivalente; entre otros. Todos debían hacer una presentación de su patrimonio una vez al año.
También se buscaba que la declaración jurada tenga “una nómina detallada de todos los bienes propios del declarante; los que integren la sociedad conyugal, si la tuviere o los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero” y que se detallen los “bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles”, como así también “otros bienes muebles, determinando su valor en conjunto. En caso que uno de ellos supere la suma de veinte mil pesos $20.000”.
El proyecto asimismo establecía la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, como por ejemplo ser proovedor del estado o “actuar en entes o comisiones reguladoras de empresas o servicios públicos respecto de los cuales hubieran tenido intervención como funcionarios con capacidad decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones, dentro de los tres (3) años posteriores a su última actuación”.
Pero cuando llegó a la Cámara Baja bonaerense la iniciativa quedó en la comisión de Reforma Política. Ese espacio legislativo es presidido por la diputada camporista Rocío Giaccone, la misma que había sido involucrada junto a José Ottavis y la massista Valeria Arata en un supuesto caso de coimas a la oposición para aprobar el revalúo fiscal bonaerense a mediados de 2012.
En la Comisión hay además otros proyectos similares. Es por ello que la legisladora oriunda de Junín planea elaborar un proyecto global con todas las iniciativas. Si ello ocurriera, el proyecto nuevo debería ser aprobado en Diputados y volver al Senado para consagrar su sanción definitiva.
Este miércoles Cristina les pidió “a los 40 millones de argentinos que exijan que todos los candidatos y candidatas puedan ver cómo viven, cuáles son sus egresos, cuales sus ingresos. Porque realmente si no lo que estamos viviendo es un simulacro de transparencia”. El Congreso de la Nación aprobó en el año 99 el proyecto por el cual los funcionarios deberían hacer pública su declaración jurada una vez al año.